“La plantilla actual (de bomberos) está en 235 efectivos, cuando en 2016 era de 320 bomberos y en el presente 2021 hay previstas 32 jubilaciones, que no serán reemplazadas aunque entren los 27 agentes de nuevo ingreso en junio”

OPINIÓN. Contra viento y marea. Por Eduardo Zorrilla
Concejal Portavoz del Grupo Municipal de IU y Podemos

13/01/21. Opinión. Eduardo Zorrilla, concejal de IU en el Ayuntamiento de Málaga, escribe en su columna en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com un resumen sobre la gestión municipal de los Bomberos: “La plantilla de Bomberos de Málaga mantiene desde 2017 una huelga para reclamar soluciones frente a la falta de infraestructuras, material y personal que padece...

...este servicio público esencial. Desde entonces y hasta la fecha, el equipo de gobierno no ha atendido sus propuestas ni siquiera ha emprendido una negociación seria ni un diálogo sincero con estos servidores públicos”.

La nefasta gestión municipal pone en peligro nuestra seguridad

La plantilla de Bomberos de Málaga mantiene desde 2017 una huelga para reclamar soluciones frente a la falta de infraestructuras, material y personal que padece este servicio público esencial. Desde entonces y hasta la fecha, el equipo de gobierno no ha atendido sus propuestas ni siquiera ha emprendido una negociación seria ni un diálogo sincero con estos servidores públicos.

Tras cuatro años de huelga continúan el caos, la desorganización, la falta de efectivos, el envejecimiento de la plantilla y los camiones y parques obsoletos y sin el mantenimiento adecuado.

En los últimos meses se ha ahondado en esta pésima gestión con la designación de un nuevo cargo, director general de Emergencias, en un procedimiento carente de transparencia por parte del equipo de gobierno, sin que ni siquiera haya trascendido públicamente cuáles son las funciones encomendadas ni su sueldo.

Al contrario, la situación parece ir a peor día a día.

Sigue sin realizarse el mantenimiento periódico necesario de los vehículos, reparándose los vehículos tarde y con cuentagotas aduciendo falta de presupuesto.

Continúan sin terminarse las obras de reforma del parque central de bomberos de Martiricos, una actuación respecto a la que en reiteradas ocasiones hemos demandado transparencia y explicaciones claras acerca de las distintas modificaciones presupuestarias realizadas, que han provocado un claro aumento del presupuesto inicial cifrado en 1,5 millones, en un contrato de concesión de obra pública salpicado de dudas.

La plantilla actual está en 235 efectivos, cuando en 2016 era de 320 bomberos y en el presente 2021 hay previstas 32 jubilaciones, que no serán reemplazadas aunque entren los 27 agentes de nuevo ingreso en junio. Y el ritmo de jubilaciones seguirá alto durante 2022 y 2023, por lo que la única forma de reactivar y poder garantizar la seguridad de la ciudadanía malagueña es a través de convocatorias de ofertas de empleo público que contemplen plazas de nueva creación. Todo ello, a pesar de que el alcalde recogía en su programa electoral 120 nuevas plazas en cuatro años, pero vamos a cumplir dos años y aquella promesa se ha convertido en un nuevo incumplimiento.

También es necesaria la reactivación de Unidad Médica de Salvamento e Intervención (UMSI), con la convocatoria en oferta de empleo público de cinco médicos y cinco Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE). Y la renovación de su flota de vehículos y herramientas, que están obsoletas. Sin grupo de rescate, sin zodiacs, neoprenos, EPI específicos para inundaciones y, ni siquiera, un impermeable, a pesar de que en junio de 2020 se tomó medidas a los bomberos para suministrárselos.

Esta situación caótica tiene un origen claro, el desvío por parte del gobierno municipal de los fondos UNESPA, procedentes de las aseguradoras y que deberían tener un carácter finalista exclusivo para servicios de bomberos, a la caja única municipal desde 2012.

En relación con estos fondos, que en la actualidad representarían en Málaga casi dos millones de euros anuales, una reciente sentencia del Tribunal Supremo (1483/2020 de 11 de noviembre de 2020) ha obligado al Ayuntamiento de Gijón a invertir en el servicio de bomberos las contribuciones especiales de UNESPA, declarando que las cantidades ingresadas por el concepto de contribuciones especiales son "exclusiva, integra e ineludiblemente para inversiones reales, correspondientes al establecimiento o ampliación del servicio público".

La pandemia del Covid-19 también ha revelado las deficiencias en cuanto a prevención de riesgos laborales y se han disparado los casos de contagios entre el personal de bomberos. Tras la configuración inicial de grupos cerrados, los denominados ‘grupos burbuja’, para limitar los contactos entre efectivos y minimizar el riesgo de extensión de contagios, en la actualidad se están produciendo traslados entre parques y una configuración de grupos que no respeta estos criterios, a la vez que no se establece el periodo recomendado por las autoridades sanitarias de, al menos, diez días de aislamiento domiciliario para personas que estén bajo sospecha de contagio por haber tenido contacto directo con alguna persona contagiada, incluso aunque hayan dado negativo en un primer test diagnóstico.

Y el “suma y sigue” de deficiencias y negligencias podría continuar, en un contexto que deja claro que el conflicto en relación al servicio de bomberos está enquistado por la falta de interés e implicación del gobierno, por lo que se pone en riesgo la integridad de la plantilla y de los vecinos y vecinas de Málaga.

Ante esta situación, es necesario que los presupuestos municipales para 2021 incluyan las partidas necesarias para la realización de un plan de inversiones y las contrataciones precisas para aumentar la dotación material y el parque móvil para extinción de incendios, y para ampliar la plantilla con, al menos, 120 nuevas plazas de bomberos en lo que resta del presente mandato. Todo ello, con el compromiso ineludible de dedicar los fondos UNESPA, provenientes de las compañías aseguradoras, de forma finalista para la mejora de la dotación del servicio de bomberos, en lugar de ingresarlos en la caja general del ayuntamiento.

Por lo demás, resulta imprescindible recuperar los programas esenciales de prevención y formación a las asociaciones vecinales, así como la divulgación de conocimientos en primeros auxilios.

No es un problema menor, está en juego la seguridad de la ciudadanía.

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