“Todos tenemos derechos pero también obligaciones. La concienciación y sensibilización ciudadana es clave para alcanzar una convivencia más amable, donde siendo conscientes de las limitaciones o fallos de nuestras administraciones públicas, podamos exigirles a las mismas en la misma medida que nosotros cumplimos con lo exigido”

OPINIÓN. Ciudad sostenible. Por Juan Alcover Robles
Economista, técnico de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía

18/02/19. Opinión. El economista Juan Alcover inicia una colaboración quincenal con la revista EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. En esta su primera entrega, escribe sobre un tema de gran actualidad: los pozos. Reflexiona sobre cómo la opinión pública ha dictaminado, a través de los medios y de las opiniones de profesionales y ciudadanos, que la normativa existente que regula el control de...

...estas perforaciones es demasiado permisiva, algo con lo que no está de acuerdo.

A vueltas con los pozos

A raíz de la tragedia de Julen, el menor que cayó dentro de un pozo en Totalán, mucho se ha comentado sobre el número de pozos existentes en nuestra geografía, sus condiciones de seguridad y la responsabilidad de las administraciones públicas.

GEÓLOGOS, poceros, empresas relacionadas o periodistas han dado multitud de opiniones, gran parte de ellas inexactas o directamente erróneas.

EN lo que concierne a nuestra comunidad andaluza, una de las más llamativas, a mi modo de entender, ha sido el criticar que la actual normativa es laxa y permisiva, generando un descontrol sobre los sondeos, perforaciones o pozos que se encuentran en nuestro territorio.

Y en este sentido cabe aclarar que rotundamente no es así.

HABÍA que buscar un culpable ante esta desgracia ocurrida, y a falta de una persona, la administración pública ha sido la señalada. Me resulta curioso, llamativo, y desde luego, irrisorio e injusto, que aquellos que han cargado más duramente contra nuestro servicio público, sean a la vez los que, en su mayoría, justifican actividades que se saltan nuestras normas y plazos administrativos, amparados en la burocracia existente.


LA actual normativa en materia de aguas, esto es, el Texto Refundido de la Ley de Aguas (a nivel estatal) y la Ley de Aguas para Andalucía, establece que deberá ser objeto de autorización por la Consejería competente en materia de agua, con anterioridad a su ejecución, la apertura de pozos para el aprovechamiento de aguas. Asimismo, para aquellos aprovechamientos que no sobrepasen los 7.000 metros cúbicos anuales, será suficiente su comunicación a dicha Consejería, y que incluirá una determinada documentación administrativa para su oportuna validación y posterior inmatriculación en el Registro de Aguas (esto último lo lleva a cabo la propia administración).

EN cuanto a la existencia de pozos en desuso, la norma obliga a la persona titular de los terrenos a su sellado, previa comunicación a la Consejería competente en materia de agua.

POR tanto, y para ser exactos, solo los llamados “usos comunes del agua” podrán realizarse sin autorización alguna, siendo estos beber, bañarse y otros usos domésticos como abrevar el ganado, siempre que no alteren la calidad y el caudal de las aguas.


ACLARADO el alcance de nuestra normativa en materia de aguas, y en relación con la proliferación de pozos ilegales, ajenos al control administrativo dado el desconocimiento de la existencia de los mismos, cabe destacar que en lo que se refiere a la Consejería de Medio Ambiente (ahora llamada Desarrollo Sostenible), esta adolece del volumen de personal necesario para llevar a cabo un control exhaustivo del territorio de nuestra comunidad, en busca de actuaciones ilegales y contrarios a la norma. Siendo realistas con los presupuestos disponibles, esta situación difícilmente va a cambiar.

SIN embargo, hay otro motivo que guarda relación con la anteriormente comentada proliferación de pozos ilegales, y es el incivismo de esa ciudadanía capaz de saltarse la ley y sus controles. En este punto sí hay margen de corrección, apelando a la responsabilidad de todos con nuestro entorno natural, con nuestros recursos, y con nuestras normas de convivencia. No es excusa apelar a la burocracia administrativa, tediosa y lenta por momentos. Soy consciente de esa realidad, de esa reivindicación de la mayoría de los sectores relacionados (agricultores, ganaderos, etc.), pero la salida a este problema no es saltarse la ley.

TODOS tenemos derechos pero también obligaciones. La concienciación y sensibilización ciudadana es clave para alcanzar una convivencia más amable, donde siendo conscientes de las limitaciones o fallos de nuestras administraciones públicas, podamos exigirles a las mismas en la misma medida que nosotros cumplimos con lo exigido. Ese es el camino para que se atiendan nuestras reivindicaciones.

TENEMOS que exigir al sector público que solucione este asunto burocrático, y nosotros a cambio, respetar el marco normativo actual, para nuestras conciencias propias y ajenas.