“La subida de un 8% del SMI español ha sido ligeramente inferior a la inflación en el año anterior, 8,34%, y, aunque ha sido criticada por algunos, hay países que han tenido incrementos superiores, como en Alemania, el 14,86% con una inflación del 8,63%”

OPINIÓN. Viejos periódicos. Por Julio Fernández-Sanguino
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

02/03/23. Opinión. Julio Fernández-Sanguino, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, escribe una nueva colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre salarios y pensiones: “Para la provincia de Málaga, el Informe sobre el estado de la pobreza en España, según el seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030, señala que el porcentaje de las pensiones bajo el umbral de pobreza...

...alcanza el 40,0%, llegando el de la pobreza severa hasta un 16,7%. La situación de pobreza en la provincia de Málaga se agrava con una tasa de paro algo superior a la media de Andalucía, que es de un 19%”.

Los salarios y las pensiones como motores de la economía

Después de publicarse el anterior artículo sobre las pensiones para el 2023 (AQUÍ), se ha establecido un salario mínimo de 1080 euros mensuales en catorce pagas, con una referencia de 1.260 euros al mes en doce pagas que ha situado a España en un puesto intermedio alto de la zona europea, aunque está todavía muy lejos del SMI aprobado en otros países, como Luxemburgo (2.387,4), Alemania (1.987), Bélgica (1.955), Países Bajos (1.934,4), Irlanda (1.909,7) o Francia (1.709).


La subida de un 8% del SMI español ha sido ligeramente inferior a la inflación en el año anterior, 8,34%, y, aunque ha sido criticada por algunos, hay países que han tenido incrementos superiores, como en Alemania, el 14,86% con una inflación del 8,63%. Otros estados como los Países Bajos han aplicado una subida del 10,15%, pero inferior a la inflación sufrida que fue del 11,62%.

Con las subidas aprobadas en nuestro país desde el 2019 se va alcanzando el compromiso del Gobierno de situar al SMI en el 60% del salario medio español, que para el pasado año alcanzó los dos mil euros brutos mensuales, aunque todavía está un 20,2% por debajo de la media del resto de la Unión Europea, donde hay notables diferencias entre los diversos países. Estas diferencias se aprecian igualmente entre comunidades autónomas españolas, desde las remuneraciones en el País Vasco (2.452,9) hasta las de menor importe en Extremadura (1.632,8) y Andalucía (1.860,6).

Las estimaciones para el 2023 cifran al salario medio español en algo más de veinticinco mil euros, distribuidos en catorce pagas, aunque con una diferencia de unos cinco mil euros anuales entre el sueldo medio de los hombres con respecto al de las mujeres.

Pero las medias no son del todo representativas de la realidad, de ahí el dicho popular relativo a que dos personas se comieron medio pollo cada uno, cuando se lo había comido uno solo. Poniendo como ejemplo el 2019, año en el que se celebraron las últimas elecciones generales, el salario medio bruto fue de 21.682,0 euros, el mediano fue de 17.961,9 euros y el más frecuente cayó hasta 13.514,8 euros, por lo que, una vez aplicadas las correspondientes retenciones, estos últimos perceptores se situarían, en el mejor de los casos, en la categoría de mileuristas.


Por otro lado, con la subida de las pensiones de este año se ha pretendido cubrir el incremento del IPC general, pero hay aspectos negativos, como, por ejemplo, el haberse producido un incremento del 19% en alimentación. Este desfase, junto con otros, como el de la luz o el gas, también lo vienen sufriendo los salarios con convenios colectivos que no han ido recogiendo la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Las tradicionales y mayoritarias bajas percepciones habidas en España llevan al país a un empobrecimiento progresivo, que no se arregla considerando, como opinan algunos, que las pensiones son un dispendio o que los salarios hay que congelarlos, pues no hay que olvidar la recaudación por el IRPF y el IVA que se genera en el gasto, importes que nutren los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Además, no está de más recordar que, cuanto más bajas sean las pensiones y los salarios, menos se activa la economía, ya que un pensionista, como un trabajador, va al peluquero, se toma un café en el bar, compra en las tiendas, paga la luz y el teléfono, etc. El estancamiento de pensiones y de salarios, con bajadas en muchos casos, termina por generar el cierre de numerosos establecimientos, con un resultado negativo en la economía por el efecto multiplicador.

En una economía distorsionada como la nuestra, los evidentes desequilibrios existentes se deberían corregir lo antes posible para ir acercándonos a los países de nuestro entorno y para no seguir incrementando las diferencias internas, que se han acentuado tras la pandemia.

En este sentido, el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística, de junio de 2022 con datos del año anterior, señala que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó al 27,8%, un punto más con respecto al 2020, y que podría aumentar hasta el 33%. Otros datos señalan que Extremadura es la región más perjudicada, con un 38,7% de afectados, y con un salario medio de 9.500 euros por persona. Andalucía tiene el mismo porcentaje, aunque el salario es algo superior con 9.915 euros por persona.

Asimismo, el riesgo de caer en pobreza ha aumentado, especialmente entre los mayores de 65 años. Para la provincia de Málaga, el Informe sobre el estado de la pobreza en España, según el seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030, señala que el porcentaje de las pensiones bajo el umbral de pobreza alcanza el 40,0%, llegando el de la pobreza severa hasta un 16,7%. La situación de pobreza en la provincia de Málaga se agrava con una tasa de paro algo superior a la media de Andalucía, que es de un 19% y se sitúa 6,13 puntos superior a la nacional (12,87%).

Por último, cabe señalar que, para tratar de paliar algunas de las carencias existentes, se han tomado medidas como el Ingreso Mínimo Vital para que se pueda garantizar que todos los españoles cuenten con un mínimo de ingresos que les permita vivir dignamente, aunque hubiera sido más preciso haber señalado subsistir, o el garantizar el suministro de energía y agua. Estas medidas, junto con otras, como las ayudas a la gasolina, la reducción del IVA en productos básicos o las actualizaciones del SMI y de las pensiones, posibilitan, además de cumplir una función social o restaurar el poder adquisitivo de los perceptores, revitalizar una precaria economía como la española a través del incremento del gasto interno que termina beneficiando especialmente a las empresas.

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