“Entre 1981 y 1990 se produce una cadena de detenciones, juicios y condenas a mujeres y a profesionales que practican abortos en distintas ciudades españolas. En algunos casos, como en Málaga, los profesionales sanitarios llegan a ingresar en prisión”
OPINIÓN. Málaga y sus historias. Por Ramón Triviño
Periodista
09/12/20. Opinión. El periodista Ramón Triviño, en su colaboración habitual con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, en la que recopila curiosidades de la historia de Málaga, escribe un texto sobre la legalización del aborto: “El Servicio Andaluz de Salud (SAS) es uno de los primeros servicios de salud de una comunidad autónoma en España que apuesta por dar la prestación del aborto a nivel público. Aunque la ley es...
...de 1985, hasta finales del 1986 no se posiciona el Tribunal Constitucional gracias a un recurso presentado ante el alto tribunal y posteriormente se publica un Real Decreto en el que se regula la labor de los centros autorizados para la interrupción de embarazo”.
La legalización del aborto en Málaga
Entre 1981 y 1990 se produce una cadena de detenciones, juicios y condenas a mujeres y a profesionales que practican abortos en distintas ciudades españolas. En algunos casos, como en Málaga, los profesionales sanitarios llegan a ingresar en prisión.
El 16 de agosto de 1985, una enferma de cáncer es la primera mujer de Málaga que solicita abortar acogiéndose al supuesto de graves lesiones para el feto contemplado por la legislación aprobada el 5 de julio de ese mismo año.
El primer aborto legal se practica el 28 de octubre en el Hospital Materno de Málaga. El día 13 ingresan en prisión dos mujeres y un hombre detenidos en Murcia por un supuesto aborto ilegal.
Una semana después se decretará su libertad condicional bajo fianza, aunque el juez mantiene la acusación del aborto presuntamente cometido en la clínica de Germán Sáenz de Santamaría, asimismo en libertad bajo fianza de un millón de pesetas por otra acusación.
Manifestación en Málaga a favor del aborto
Un año después, el problema aumentará al ser procesadas diecinueve personas por un supuesto de aborto ilegal. La operación policial recibe numerosas críticas porque las detenciones de once mujeres se producen a la salida de la clínica, tras haber permitido la supuesta comisión de un delito.
Militantes del PSOE malagueño pagan las 25.000 pesetas de fianza para que abandonen la comisaría al día siguiente, y parlamentarios socialistas piden una investigación sobre la actuación del juez al Consejo General del Poder Judicial.
El día 21 se celebra una manifestación para pedir la libertad de los médicos encarcelados -Germán Sáenz de Santamaría, Alberto Stolzemburg, Ernesto Rittwagen- secundada por partidos, sindicatos y colectivos de izquierda. Una semana más tarde, la Junta de Andalucía convierte la clínica de Sáenz de Santamaría en la primera autorizada en España para realizar abortos.
En 1991, después de diversas peripecias judiciales es indultado el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría, sobre el que todavía pesaba una condena de cuatro años de cárcel por la práctica de un aborto a una menor, en 1984, agredida sexualmente repetidas veces por un familiar.
Las críticas que este médico hace del poder judicial provocan que vuelva a ingresar en prisión.
En febrero de ese mismo año la agencia de noticias EFE informa de que “por primera vez, el Tribunal Supremo justifica un aborto por estado de necesidad”. Siguiendo las recomendaciones del informe que la Fiscalía General del Estado dirige al Ministerio de Justicia pidiendo la ampliación de la legislación del aborto a un cuarto supuesto despenalizador.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) es uno de los primeros servicios de salud de una comunidad autónoma en España que apuesta por dar la prestación del aborto a nivel público. Aunque la ley es de 1985, hasta finales del 1986 no se posiciona el Tribunal Constitucional gracias a un recurso presentado ante el alto tribunal y posteriormente se publica un Real Decreto en el que se regula la labor de los centros autorizados para la interrupción de embarazo.
Inicialmente el SAS trató de integrar este servicio en la sanidad pública, aunque se produjeron muchos problemas, especialmente con el personal sanitario que se oponía alegando objeción de conciencia. Aunque se llegaron a practicar abortos, existieron enormes inconvenientes. Muchos médicos, enfermeras y auxiliares se negaban a atender a las mujeres que acudían a abortar en un centro público, acogiéndose a los supuestos de la legislación vigente entonces, o incluso celadores que se negaban a empujar una camilla si la enferma acudía al centro sanitario para abortar.
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