En Málaga se da la paradoja de que son los propios malagueños los que tienen que pagarles a otros malagueños por la prevaricación de los políticos de Paco de la Torre respecto a los ruidos. Los hosteleros y propietarios son los grandes beneficiados. A pesar de ser los causantes de los problemas, ni ponen remedio ni se ven obligados a pagar las indemnizaciones

El Ayuntamiento de Málaga fue condenado en septiembre pasado por su “inactividad” para acabar con el ruido a pagar 13.440 euros por año a tres vecinos de la Plaza Mitjana. Tras recurrir el Consistorio, en mayo de este año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificaba la condena

13/07/22. Sociedad. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Cada vez más ciudadanos se ven obligados a denunciar a sus propios ayuntamientos ante la inacción de estos con los problemas de ruido que sufren provenientes de la hostelería, el ocio y la invasión turística. Los políticos no son los que soportan estos problemas, ni tampoco son los que tienen que pagar las indemnizaciones, que corren a cargo de...

...las arcas municipales.

En Málaga se da la paradoja de que son los propios malagueños los que tienen que pagarles a otros malagueños por la prevaricación de los políticos de Paco de la Torre respecto a los ruidos. Como los concejales de distrito, tipo Gemma del Corral (Centro) o el de Seguridad, Avelino Barrionuevo, todos encabezados por su alcalde De la torre. Porque se siguen negando a tomar medidas reales para acabar con el ruido. Los hosteleros y propietarios son los grandes beneficiados, ya que a pesar de ser los causantes de estos problemas, ni ponen remedio ni tampoco se ven obligados a pagar las indemnizaciones.


La última sentencia condenatoria para un Consistorio se ha conocido hace solo unos días. La justicia dictamina que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe pagar una indemnización de 3.000 euros a cada uno de los vecinos de la calle Joaquín Costa, un total de 24.000 euros, ya que llevan años padeciendo ruidos bajo sus ventanas sin que el Ayuntamiento haga algo por evitarlo (AQUÍ). Representantes vecinales han indicado que es la segunda vez que la Justicia les da la razón, estiman que la sentencia es positiva, aunque no suficiente, ya que el problema sigue estando presente. Además entienden que a los hosteleros les sale barato la contaminación acústica y creen que tras los últimos movimientos vecinales habrá más denuncias. La sentencia insiste en que hay que anteponer los derechos de los vecinos a los empresariales.

En Málaga

En nuestra ciudad los vecinos de la plaza Mitjana también se vieron abocados a denunciar al Consistorio malagueño, tras años sufriendo en sus casas la problemática del ruido sin que el Ayuntamiento pusiera remedio. Así, en septiembre pasado se conocía la sentencia contra el Consistorio malagueño por su “inactividad” frente a las denuncias vecinales por el ruido en la referida plaza (AQUÍ).

En la sentencia el juez afirma que “brilla por su ausencia una intervención de inspectores municipales o siquiera de agentes de la Policía Local para afrontar dicha nefasta situación. No se ve la más mínima presión policial atajando dicha situación”. Además, ante el caso omiso a las denuncias presentadas, el juez afirma que esta situación “roza el descaro”, y reconoce "un traslado o peloteo de las denuncias de un departamento a otro, o, directamente, una inactividad en cuanto a los mismos".

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Incluso el juez entiende "el quebranto que supone no poder abrir siquiera la ventana de tu casa por el ruido o el estruendo que en dicha calle y plaza se vive; y ello merece ser indemnizado hasta tanto en cuanto no se adopten medidas reales y efectivas para sofocarlo", reconociendo además una indemnización de 13.440 euros anuales para cada uno de los tres denunciantes.

El Ayuntamiento declaró al respecto que respetaba la sentencia, pero no la compartía, por lo que pensaba recurrirla, algo que efectivamente hicieron. Desde la Asociación de Vecinos Centro Antiguo lamentaron el “estado de negación continua de la realidad” por parte del Consistorio. “En este caso, el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia para ir directamente en contra de sus ciudadanos, usando sus recursos para perpetuar el descontrol. Ya tuvo la oportunidad de demostrar sus acciones y no lo hizo”.


Sin embargo en mayo de este año, tras el recurso presentado por el gobierno de Paco de la Torre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificaba la condena por el ruido proveniente de los bares de la plaza Mitjana (AQUÍ), fijando que la indemnización anual de 13.440 euros para cada uno de los tres recurrentes la tendrá que pagar el Ayuntamiento desde agosto de 2018, “hasta que se lleven a la práctica las medidas que de manera efectiva hagan desaparecer las molestias derivadas del exceso de ruidos o, si durante la tramitación de este proceso se hubieren ya adoptado, hasta la fecha de esa adopción, o hasta que las viviendas de los referidos dejen de ser o hayan dejado de ser domicilio real y efectivo de los mismos”.

La sentencia precisa que los tres vecinos han aportado informes médicos, por lo que concluye que "hay datos objetivos que corroboran su apreciación subjetiva de que el ruido produce una conculcación de sus derechos fundamentales", reconocidos por la Constitución.

Ante esto el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha asegurado que toda sentencia “tiene que ser estudiada, leída, contemplada, etcétera, y ver de qué manera podemos hacer las cosas aún mejor”, aunque sigue abogando por “seguir trabajando en una línea de hacer compatible las actividades que podemos llamar de ocio con el descanso de los vecinos” (AQUÍ).

Además, para el alcalde se trata de hechos que ocurrieron “hace ya algún tiempo”, asegurando que la situación en la plaza Mitjana ahora “es muy diferente”. Aún así, el regidor malagueño cree que “tenemos que hacer esfuerzos y, de hecho, en educación se hace, esfuerzos en las propias escuelas, etcétera, para tratar de ir educando en la convivencia de hablar bajo”, ya que “hablar bajo es una práctica muy sana, que debemos hacer más”.  El alcalde de la Torre parece vivir en un mundo irreal en el que él es muy feliz, y que los demás lo son por el simple hecho de que él lo dice. Esto  no se parece en nada al día a día de los vecinos.   


Imaginamos que De la Torre apela al civismo ciudadano con la mejor de las intenciones, pero, tal y como aclara el presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga, Carlos Carrera, “apelar a la educación de las personas así, sin más, es una manera de no querer solucionar el problema” (AQUÍ), ya que “si te has dedicado a permitir estas discotecas, ¿ahora te vas a poner en la puerta a ver quién sale gritando?, pues salen todos gritando, porque vienen de estar hablando a voces dentro, es normal”.

Últimas sentencias de este mismo año

Las sentencias contra los consistorios que no ponen medidas contra los problemas de ruido que sufre sus vecinos cada vez son más habituales. Así, entre otras, en abril se conocía una por la que el Ayuntamiento de Puerto Lápice, en la provincia de Ciudad Real, era condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha a pagar 1.000 euros de indemnización a una vecina por “soportar niveles de ruido inadmisibles” provocados por la celebración de un concierto en una carpa municipal (AQUÍ). El tribunal consideró que el interés de la mujer al descanso y a la integridad física es muy superior “y no tiene parangón con el supuesto interés general que defiende el ayuntamiento en la actividad de música y baile”.

En enero, el juzgado Contencioso-Administrativo de Zamora condenó al Ayuntamiento de Toro a adoptar diversas “medidas correctoras” para erradicar la emisión de ruidos procedentes de la actividad de los discobares de la calle Trasalfóndiga y de la aglomeración de personas en su entorno, así como al pago de las costas del procedimiento (AQUÍ).

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condenó, también en enero, al Ayuntamiento de Ciudad Real a indemnizar a una familia con más de 100.000 euros por los ruidos que les viene ocasionando desde 1987 un local de copas que se encuentra ubicado bajo su vivienda (AQUÍ). La sentencia considera que la inactividad que el Consistorio ha mantenido en este tiempo ha ocasionado una situación real de tolerancia de la contaminación acústica, por lo que deberá de indemnizar a esta familia.

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