El Obispado ya ha respondido por escrito a sus peticiones confirmando que sus nombres “quedan excluidos a efectos estadísticos” de los registros eclesiásticos

apostasia1.jpg10/09/08. Sociedad. Nueva apostasía colectiva en Málaga. Después de que el alcalde de El Borge consiguiera el pasado mes de enero junto a otros 15 vecinos que se excluyeran sus datos de los ficheros de la Iglesia Católica, una veintena de ciudadanos de la localidad serrana de Arriate han seguido...

El Obispado ya ha respondido por escrito a sus peticiones confirmando que sus nombres “quedan excluidos a efectos estadísticos” de los registros eclesiásticos

apostasia1.jpg10/09/08. Sociedad. Nueva apostasía colectiva en Málaga. Después de que el alcalde de El Borge consiguiera el pasado mes de enero junto a otros 15 vecinos que se excluyeran sus datos de los ficheros de la Iglesia Católica, una veintena de ciudadanos de la localidad serrana de Arriate han seguido este mismo camino. Tras realizar una petición por escrito en agosto, el Obispado ya ha confirmado a los solicitantes que se hace efectivo su “abandono de la Iglesia Católica por acto formal” y que sus datos “quedan excluidos a efectos estadísticos”, según ha podido comprobar EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. En una suerte de efecto dominó, el número de apostasías se ha multiplicado en los últimos años.

“LO
imaginábamos algo prácticamente imposible, creíamos que nos perderíamos en la burocracia, el tener que correr de ventanilla en ventanilla, para al final tener que dejarlo por aburrimiento. Entonces se hizo público que el alcalde de El Borge había apostatado junto a otras 15 personas. Y nos pusimos en marcha”, explica Francisco Moreno, portavoz de la recién creada Asociación por las Libertades Civiles y el Derecho a la Apostasía de Arriate, formada por personas de ambos sexos, de entre 20 y 50 años y en la que caben estudiantes de Derecho, pensionistas, albañiles, historiadores, profesores de instituto y vendedores ambulantes.

EL mismo Moreno explica que se sorprendieron al comprobar que el proceso de apostatar es apostasia.jpgbastante simple: “Basta mandar un impreso que se puede descargar en www.apostasia.es, dirigido a la parroquia donde uno se bautizó acompañado de una fotocopia del DNI compulsada, el mismo procedimiento (son distintos formularios, pero todos se encuentran en la misma página web) dirigirlo al obispado al que se pertenezca. El mismo procedimiento se realiza con la parroquia donde se hubiese celebrado el matrimonio y por último, si se hubiese hecho, a la de la confirmación. En un plazo de un mes están obligados a contestarte, a nosotros ya han llegado contestaciones y son afirmativas, nos han eliminado de sus archivos”.

DESDE
la asociación matizan que ejercer el derecho a la apostasía “no tiene nada que ver con las creencias de cada uno, entre nosotros hay creyentes, agnósticos y ateos convencidos. Lo que nos une a todos es el sentimiento unánime de no querer pertenecer a una institución que vemos anclada en otra época. No queremos pertenecer a una iglesia que está contra la ley del aborto, contra la ley del divorcio, contra los matrimonios homosexuales, contra los anticonceptivos, una iglesia que en bastantes casos ha tratado de trabar con dinero los casos de pederastia entre sus curas y obispos, una iglesia que está contra la investigación con células madres que parecen ser la cura de enfermedades como el cáncer, una iglesia que en una sociedad que constitucionalmente es laica y aconfesional quiere obligarnos a estudiar su doctrina, una iglesia a la que históricamente nunca le tembló el pulso a la hora de actuar de parte de dictadores criminales y corruptos en España y fuera de nuestras fronteras. Ahora, los que hemos apostatado, nos sentimos un poco más libres”.

SI en 2006 el número de solicitudes de apostasía que tenía registrada la Agencia Española de Protección de Datos era de apenas 47, en 2008 esta cifra se multiplicado hasta las casi 900 contabilizadas. En el municipio madrileño de Rivas -gobernado al igual que El Borge y Arriate por Izquierda Unida- se ha puesto en marcha una Oficina de Defensa de los Derechos y de las Libertades Públicas en la que se presta asesoramiento a quien no quiera que sus datos sean utilizados por el clero católico y en la que se ha puesto en marcha un registro nacional de apóstatas.