El Ayuntamiento de Málaga sigue sin cumplir la ley y sin avisar a los ciudadanos de que les está grabando con un sistema de videovigilancia. GALERÍA DE IMÁGENES

19/05/09. Sociedad. Pese a ser un Consistorio expedientado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Ayuntamiento de Málaga sigue sin darse por enterado de la normativa que obliga a que las cámaras de videovigilancia estén señalizadas con carteles informativos...

El Ayuntamiento de Málaga sigue sin cumplir la ley y sin avisar a los ciudadanos de que les está grabando con un sistema de videovigilancia. GALERÍA DE IMÁGENES

19/05/09. Sociedad. Pese a ser un Consistorio expedientado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Ayuntamiento de Málaga sigue sin darse por enterado de la normativa que obliga a que las cámaras de videovigilancia estén señalizadas con carteles informativos que avisen a los ciudadanos de que están siendo grabados, y continúa de esta forma incumpliendo la ley, como queda claro en esta GALERÍA DE IMÁGENES de los monitores instalados en el centro de la ciudad. En tanto, otra denuncia realizada por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com en la AEPD ha supuesto el inicio de otro procedimiento sancionador (hasta 300.000 euros de multa), esta vez contra la Consejería de Cultura por las cámaras del Palacio de la Aduana. Un edificio de cuya titularidad reniegan ahora la Junta de Andalucía y la Subdelegación de Gobierno por las posibles responsabilidades económicas que pueda ocasionar el expediente 00038/2009 de la AEPD, en el que se abre una investigación para saber qué administración es la autora de la instalación de las cámaras en dicho inmueble.

DESPUÉS de que una investigación de la Agencia Española de Protección de Datos revelara las posibles infracciones graves que el Ayuntamiento de Málaga ha cometido al no publicar en ningún Boletín Oficial la puesta en funcionamiento del sistema de videovigilancia instalado en el centro de la ciudad -infracción regalada en el artículo 44.3. a) de la Ley Orgánica de la protección de Datos (LOPD)- EL OBSERVADOR ha comprobado como el Consistorio malagueño continúa haciendo caso omiso a otra de las indicaciones de Protección de Datos.



AQUELLA que obliga a los responsables de sistemas de videovigilancia por una disposición oficial del 12 de diciembre de 2006 a avisar “con distintivos informativos ubicados en lugares suficientemente visibles, tanto en espacios abiertos como cerrados” de la existencia de cámaras. Es decir, cualquier monitor de grabación (esté dentro de edificios, en la calle, sea de un particular, empresa o administración) debe de tener por ley un cartel del tipo ‘sonría, le están grabando’.

LEJOS de llevarse a cabo, esta última norma se incumple de manera sistemática en todas y cada una de las cámaras de videovigilancia municipales instaladas en el centro de la ciudad, como se demuestra en esta GALERÍA DE IMÁGENES tomadas la semana pasada.



LA peregrina excusa con la que el responsable de seguridad del Ayuntamiento malagueño justificó ante la AEPD la ausencia de carteles es que se habían retirado para facilitar el paso de las cofradías durante la Semana Santa, según se indica en el expediente 00022/2009 de la AEPD del que es parte denunciante esta revista.

POR otra parte, otra de las denuncias presentadas por EL OBSERVADOR ante la AEPD, en este caso sobre las cámaras de videovigilancia del Palacio de Aduana, ha motivado la apertura de otro expediente sancionador, esta vez a la Delegación provincial de la Consejería Cultura por una infracción del artículo 6 de la LOPD, que establece que el “tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado”. Una infracción tipificada como grave cuya sanción puede alcanzar los 300.000 euros.

MÁS allá de las infracciones detectadas, lo curioso de este último caso es comprobar cómo dos administraciones como la Consejería de Cultura y la Subdelegación del Gobierno tratan de desentenderse de las posibles responsabilidades derivadas de la gestión del sistema de videovigilancia en la Aduana (algo que por otra parta también ocurre entre Ayuntamiento de Málaga y Cuerpo Nacional de Policía) aduciendo las dos administraciones que ninguna tiene competencia sobre el inmueble y que “es de la otra”.