Al igual que en los cuatro casos en los que esta revista fue denunciada por publicar informaciones de otros asuntos, la Justicia echa por tierra la querella

22/09/09. Sociedad. El Juzgado de Instrucción nº 4 de Málaga ha archivado la querella por calumnias e injurias presentada por una de las empresas promotoras del macrocomplejo urbanístico de Ronda Merinos Norte, J. M. Legión Española S. L., contra el director de EL OBSERVADOR...

Al igual que en los cuatro casos en los que esta revista fue denunciada por publicar informaciones de otros asuntos, la Justicia echa por tierra la querella

22/09/09. Sociedad. El Juzgado de Instrucción nº 4 de Málaga ha archivado la querella por calumnias e injurias presentada por una de las empresas promotoras del macrocomplejo urbanístico de Ronda Merinos Norte, J. M. Legión Española S. L., contra el director de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, Fernando Rivas, por la que pedía el pago de seis millones de euros en concepto de indemnización.

EN noviembre de 2006 EL OBSERVADOR hizo públicos los juegos de intereses políticos y económicos que se escondían en el entramado de empresas que componían el cuadro de promotores del macrocomplejo urbanístico de Merinos Norte, en la Serranía de Ronda. Entre los efectos que tuvo esta noticia, que no fue la primera ni última que se ha dedicado a esta polémica actuación inmobiliaria, fue la de destapar los lazos de la trama catalana de inversores de Merinos, que unían al entonces alcalde de Amposta, Joan María Roig, y al empresario ampostí, Joan Lluis Ripollés.

AQUELLA semana de noviembre, los medios locales del municipio catalán de Amposta se hacían eco de la convocatoria pública en la que, a modo de respuesta a lo publicado, Ripollés anunció una querella criminal contra el director de esta revista Fernando Rivas, como puede verse en esta noticia (AQUÍ) de La Veu de L’Ebre. Gracias a los foros digitales de Amposta y al contacto con periodistas catalanes, esa misma semana EL OBSERVADOR supo de una actuación judicial en su contra que, sin embargo, no le fue comunicada oficialmente hasta febrero de 2008.

CASI tres años después de aquellos hechos, y tras las declaraciones ante el juez tanto del director de EL OBSERVADOR, Fernando Rivas, como del redactor jefe, Juan Area, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Málaga archivó el pasado 29 de julio este procedimiento porque el querellante, la empresa J. M. Legión Española S. L., “no ha acreditado mediante certificación el acto de conciliación en los términos exigidos por el artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Contra esta resolución, cabía la interposición de un recurso de reforma en los tres días siguientes, del cual ni esta revista ni sus servicios jurídicos han tenido conocimiento hasta la fecha.

DURANTE todo el tiempo en que ha durado este proceso EL OBSERVADOR ha venido manteniendo la misma postura informativa sobre el macrocomplejo de Merinos Norte y ha calificado esta acción judicial como intento de silenciar una voz crítica, en línea con las decenas de denuncias de los promotores que han recibido asociaciones y particulares que han puesto en tela de juicio los perniciosos efectos que esta urbanización, con sus campos de golf, acarreará en una zona considerada de protección de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.

LOS juicios que ha tenido que sufrir EL OBSERVADOR por la labor periodística que realiza le han resultado siempre favorables. Cuatro demandas o querellas ha tenido que afrontar la revista y ha salido victoriosa en todas ellas hasta el momento. La última, hasta la presente, tuvo lugar en julio de 2007: se pedía a este medio de comunicación que rectificara una información publicada en 2006 sobre las recalificaciones urbanísticas del pueblo malagueño de Ardales, cuando el actual presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, era su alcalde. El demandante perdió el juicio al no presentarse. También perdió su querella por razones semejantes la constructora Aifos, que demandó a esta revista por las informaciones publicadas sobre la promotora antes de que se conociera nada sobre la ‘Operación Malaya’, y también perdió su demanda civil en la que pedía a la revista 60.000 euros el ex gerente del municipal Teatro Cervantes y ex máximo responsable del Festival de Cine de Málaga, Salomón Castiel.  

LA demanda de Salomón Castiel, fue la primera en el tiempo y su fallo se produjo en el 2005. Castiel acusó al director de esta revista, Fernando Rivas, de intromisión ilegítima en su honor y su religión por los contenidos de una serie de artículos publicados en los números 32 y 33 de EL OBSERVADOR. La sección 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga dio la razón a EL OBSERVADOR y además obligó al querellante a pagar las costas del juicio. En su fallo podía leerse, entre otras expresiones, lo siguiente: "En modo alguno supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor y religión de Don Salomón Castiel Abecasis, y sí por el contrario una expresión del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra o cualquier otro medio de reproducción...". El ex gerente del Cervantes no recurrió.

NO obstante, el único juicio que tiene pendiente este medio de comunicación (el quinto) es precisamente por una nueva denuncia de Castiel, quien ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga una querella criminal contra Fernando Rivas, por injurias y calumnias referidas a la información que esta revista publicó criticando su gestión en algunos meses de 2008. La presentación de esta querella puede considerarse un herencia envenenada que Castiel ‘regala’ a los actuales equipos directivos del teatro y del festival, ya que dicha acción faculta a la defensa de esta revista parara exigir al Ayuntamiento de Málaga por vía judicial todo tipo de informes que se estimen oportunos sobre la gestión que Castiel mantuvo a lo largo de los años que estuvo cobrando de las arcas públicas, a través de la empresa municipal Promálaga (puesta de moda últimamente por el Tribunal de Cuentas) muchas veces, y que son a los que se hacen referencia en los artículos querellados.