26/11/10. Sociedad. La figura del Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga se crea en 2005 para “asesorar, informar, atender y mediar en los conflictos que surjan entre los ciudadanos y esta administración”. Sin embargo, desde 2008 y a medida que la crisis económica se cobra más desempleados...
26/11/10. Sociedad. La figura del Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga se crea en 2005 para “asesorar, informar, atender y mediar en los conflictos que surjan entre los ciudadanos y esta administración”. Sin embargo, desde 2008 y a medida que la crisis económica se cobra más desempleados, este cometido y el propio trabajo del organismo que encabeza Francisco Gutiérrez se dedica cada vez más a la intermediación con entidades financieras para evitar desahucios y a la atención de personas en riesgo de exclusión social, coordinando los casos más urgentes con el Banco de Alimentos, Cáritas, organizaciones no gubernamentales y otras administraciones. Una situación que según afirma Gutiérrez a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, está haciendo retroceder avances sociales y hace que volvamos “hacia un Estado caritativo”.
JOVEN sin estudios, desempleado de larga duración, con impagos de hipoteca, de alquiler o de las facturas de agua, luz, gas, y sin una estructura familiar que le ayude ante esta situación desesperada. Éste es el perfil del ciudadano que desde hace más de dos años, y con mayor frecuencia en los últimos meses, acude a la Oficina del Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga reclamando auxilio.
SIN embargo, ante este tipo de casos, esta Oficina carece de autonomía y competencias para aportar una solución integral. Aún así, en los últimos meses, una parte importante de su labor ha consistido en mantener negociaciones con entidades bancarias para evitar desahucios (que, por regla general, resultan infructuosas), poner en contacto a los ciudadanos con organismos como el Instituto Municipal de la Vivienda o el Albergue Municipal, coordinar actuaciones con Cáritas Diocesana y otras organizaciones no gubernamentales, y derivar e informar de situaciones extremas al Banco de Alimentos o a los servicios sociales.
ASÍ, junto a las 5.121 quejas reflejadas en el último balance anual del Defensor del Ciudadano de Málaga por conflictos con la Administración, por asuntos relacionados con la atención al público, licencias, tributos o procedimientos de Ordenación del Territorio, la Oficina desarrolla una labor imprevista en sus estatutos como gestora de la atención a esta nueva generación de pobres. Personas que no responden a un perfil del pobre ‘clásico’ marginal, más adulto, con problemas de adicción a las drogas o enfermedades mentales, sino que son la cara más cruda de la crisis económica. Se trata de un grupo social que hasta hace tres años mantenía unos estándares de vida normales.
NO es una situación exclusiva de Málaga, lo mismo está ocurriendo con el resto de los Defensores del Ciudadano de las provincias andaluzas, indica Francisco Gutiérrez, quien advierte de una regresión hacia “el Estado caritativo, que pone parches, da una comida, una chaqueta” mientras no aparecen perspectivas de mejora a corto y medio plazo.
EL informe de la Fundación Foessa de Estudios sociales y Cáritas indica que entre 2007 y 2009 el número de hogares españoles en situación de pobreza ha aumentado del 19,3% al 22,7%. En Málaga, a 31 de octubre de este año, se han realizado 7.657 intervenciones en los centros de atención a las personas sin hogar mientras que en 2009 se hicieron 6.260 atenciones y un año antes, en 2008, fueron un total de 4.887 actuaciones.
EL año 2010 es el Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social. El 28 de noviembre, este domingo, Cáritas celebra el Día de los Sin Techo.
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