
Una auditoría encargada por el Ministerio de
Economía detectó en junio varias irregularidades en la adjudicación de
fondos Feder en el Consistorio malagueño
31/12/10. Sociedad.
El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), coordinado
por Pedro Marín Cots y dependiente directamente del gabinete de Alcaldía del
Ayuntamiento de Málaga, seguirá contando entre sus trabajadores con la asesora
financiera Natascha Delgado Bermúdez. Tras finalizar el contrato que unía
laboralmente a Delgado Bermúdez con el OMAU, el Ayuntamiento de Málaga ha
celebrado un concurso público abierto que, como era de esperar, ha ganado esta
misma auditora. Según ha comprobado EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, el coste de esta
externalización de servicios es de 181.000 euros. Su labor consiste en la
gestión y verificación del ajuste a la
normativa de la Unión
Europea de los proyectos del plan ‘Iniciativa Urbana’ para la
rehabilitación y mejora del casco antiguo de la ciudad, que se nutre de fondos
comunitarios. Una auditoría encargada por el Gobierno central detectó este
mismo año que el Ayuntamiento de Málaga había cometido anomalías e
irregularidades en la adjudicación de estos fondos a determinados proyectos.
EL expediente 117/10 del servicio de
contratación y compras del Consistorio malagueño emitido este pasado lunes 27 de
diciembre adjudica un contrato “para la gestión, apoyo y realización de labores
de verificación y asesoría financiera para el programa iniciativa urbana” a Natascha Delgado Bermúdez por un importe de 181.484 euros.
ESTA contratación
se produce después de que el pasado mes de junio una
auditoría encargada por la dirección general de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Economía y Hacienda a la consultora Price Waterhouse detectara
irregularidades en el uso de varias partidas del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder) cometidas por el Ayuntamiento de Málaga. Entre estas
irregularidades figura el haber otorgado a dedo y sin concurso obras en el
Palacio de Villalón por valor de 169.472 euros, o adjudicar 253.326 euros para
un proyecto -‘Aulas de la naturaleza’- sobre el que se advertía que no existían
“razones de interés público, debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
sino que responde a la necesidad de llevar a cabo una serie de actuaciones que
no se contemplaron inicialmente en el proyecto primitivo”.
EL pliego de condiciones por el cual se ha contratado a esta
nueva asesora financiera establece que sus trabajos “serán dirigidos por Pedro
Marín Cots en su calidad de Jefe del Servicio de Programas Europeos y
coordinador del OMAU, afecto al gabinete técnico de la Alcaldía de Málaga”. Las
labores que desempeñará esta nueva trabajadora girarán en torno a la evaluación
y control de los proyectos del plan ‘Iniciativa Urbana’ financiados con fondos
europeos: su ajuste a normativa, ejecución, seguimiento de pagos, formas de
contratación y publicidad, además de otras tareas de índole administrativa y
económica.
SEGÚN explicó ayer a EL OBSERVADOR
el
coordinador del OMAU, Pedro Marín Cots, la persona elegida para este puesto ya
lleva trabajando tres años en esta institución. Al finalizar su contrato, Ayuntamiento de Málaga ha realizado un concurso público -como
es obligatorio en contrataciones de tan elevado importe- al que se han
presentado varias ofertas, pero la que ha resultado finalmente elegida es la
misma persona que venía prestando este servicio. Entre las condiciones que se
especifican en el pliego de condiciones figuran la de acreditar haber realizado
labores de auditoría externa durante al menos tres años o el demostrar
conocimiento de los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (Feder).
EL plan
Iniciativa Urbana persigue la revitalización
y rehabilitación del centro histórico de Málaga mediante actuaciones en infraestructuras urbanísticas. También
contempla otras medidas orientadas “hacia la cohesión social, la participación
ciudadana, las políticas de genero, las tecnologías de la información y la
eficiencia energética”, según la información facilitada por el Ayuntamiento.
Esta generalidad de acciones ha resultado polémica ya que ha permitido, por
ejemplo, que con dinero de la UE
se paguen proyectos como la producción y difusión de un reality show televisivo al estilo Gran
Hermano, en el que un grupo de 14 jóvenes "experimentarán el
descubrimiento y vivencia de la ciudadanía", una iniciativa esta última
abanderada por el concejal de Participación Ciudadana en la capital, Julio
Andrade.
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