Un informe de José Chamizo deja en evidencia que la postura “del Ayuntamiento parece haber priorizado la viabilidad comercial de la nueva ubicación” del negocio

10/03/11. Sociedad. “El Ayuntamiento no ha mostrado ningún interés por resolver dicha cuestión de modo inmediato” o “la postura del Ayuntamiento parece haber priorizado la viabilidad comercial de la nueva ubicación del quiosco” por encima de la seguridad ciudadana son algunas...

Un informe de José Chamizo deja en evidencia que la postura “del Ayuntamiento parece haber priorizado la viabilidad comercial de la nueva ubicación” del negocio

10/03/11. Sociedad. “El Ayuntamiento no ha mostrado ningún interés por resolver dicha cuestión de modo inmediato” o “la postura del Ayuntamiento parece haber priorizado la viabilidad comercial de la nueva ubicación del quiosco” por encima de la seguridad ciudadana son algunas de las afirmaciones del informe que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, emitió el 5 de abril de 2010 en relación al caso del quiosco de prensa ilegal situado en el perímetro de seguridad de la Ciudad de la Justicia de Málaga, que pertenece al presidente de los quiosqueros y a su mujer, y que provoca un peligro constante para la vida de las 5.000 personas que trabajan y frecuentan el edificio cada día (cifra estimada en el informe de la Guardia Civil). El documento, al que ha tenido acceso EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, deja en muy mal lugar al Consistorio de Francisco de la Torre (PP) y destapa la negligencia o el extraño interés con el que está actuando en este caso.

EL Ayuntamiento de Málaga tiene constancia por escrito de la peligrosidad del emplazamiento del quiosco y de la petición de “retirada inmediata” para salvaguardar la seguridad ciudadana que le realizan la Subdelegación del Gobierno (en julio de 2008) y el coordinador de la Ciudad de la Justicia (en julio de 2009), y sin embargo en noviembre de 2009 alega dejar en suspenso el traslado porque la nueva ubicación del establecimiento “podría ser inviable comercialmente o no ser de interés de los afectados”. Es tan sólo uno de los numerosos ejemplos por los que el Defensor del Pueblo Andaluz afirma: “La postura del Consistorio parece haber priorizado la viabilidad comercial de la nueva ubicación del quiosco, una vez alejado de la puerta de entrada del edificio judicial, única razón que entendemos podría justificar las dilaciones habidas”. En definitiva, Chamizo piensa que la seguridad ciudadana de 5.000 personas queda en segundo lugar ante el “interés comercial de los afectados”, los dueños privados del establecimiento que está instalado ilegalmente desde hace casi tres años.

“OTRO de los aspectos que debemos poner de manifiesto es la falta de diligencia del Ayuntamiento de Málaga en orden a modificar la ubicación del quiosco situado a la entrada del edificio judicial (…). Esta falta de diligencia es especialmente sancionable en tanto afecta a una cuestión prioritaria de seguridad ciudadana y al haberse formulado requerimientos al efecto tanto desde la Gerencia de la Ciudad de la Justicia como desde la Subdelegación del Gobierno, por lo que también se ven afectados los principios que rigen las relaciones entre Administraciones Públicas”.

EL texto donde se incluyen estas declaraciones no es el primero ni el segundo que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, remite al Ayuntamiento para interesarse por el caso del quiosco ilegal que pone en riesgo la seguridad de la Ciudad de la Justicia, y que es del presidente de la Asociación de Vendedores de Prensa de Málaga (AKIMA), Jerónimo Núñez, que lo regenta junto a su mujer. En este caso, Chamizo adjunta el informe a una carta que remite directamente al alcalde, Francisco de la Torre, el 5 de abril de 2010.

EL documento refleja que el Ayuntamiento “habría remitido un escrito a la titular del citado quiosco, con fecha 11 de febrero de 2009, en el que se le requería su ‘obligación de traslado en el plazo de 15 días’. Sin embargo, casi dos años después de que se instalara el quiosco en la puerta del Palacio de Justicia aún seguiría en la misma ubicación, sin que pueda apreciarse que el Ayuntamiento haya desarrollado todas las medidas de ejecución que dispone a tal efecto”.

EL Consistorio malagueño remitió un primer escrito al Defensor del Pueblo Andaluz en el que se expresaba de la siguiente manera: “Por otra parte trasladar o alejar el quiosco en la propia fachada de la Ciudad de la Justicia plantea problemas de viabilidad comercial por alejar el negocio de la zona de máximo tránsito, algo a considerar dado el carácter de compra de impulso propia de estos comercios. Además de estas razones comerciales, las principales, se debe considerar también la existencia de una zona de seguridad perimetral en el edificio de la Ciudad de la Justicia”.

EN ese momento el Ayuntamiento de Málaga ya tenía constancia, por el informe de la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno, de la peligrosidad de mantener el quiosco en la zona de seguridad de la Ciudad de la Justicia y de la petición de “retirada inmediata” del mismo. Sin embargo, el argumento que utiliza para no retirar el establecimiento son “problemas de viabilidad comercial por alejar el negocio de la zona de máximo tránsito”. A esto se suma que el presidente de AKIMA y su esposa, dueños del quiosco, ni siquiera tienen licencia municipal para instalarse en el lugar. Y sin embargo el Área de Comercio de Purificación Pineda ve inconvenientes por afectar a los intereses comerciales privados.

EL informe del Defensor vuelve a resaltar el extraño y preocupante criterio seguido por el Consistorio gobernado por Francisco de la Torre. Incide en que las respuestas “del Ayuntamiento posteriores a nuestra resolución de 13 de julio de 2009 se hacían en términos valorativos y laxos, que no parecen ajustados a la prioridad que debiera darse a la cuestión de la seguridad del edificio judicial”. Se refiere a la carta enviada por la concejala Purificación Pineda el 21 de agosto de 2009: “En la actualidad se está considerando la posibilidad de trasladar el quiosco”, y en el informe municipal del 19 de noviembre de 2009: “Se estima que lo conveniente es dejar en suspenso su efectividad hasta tanto no se resuelva el nuevo emplazamiento del quiosco afectado por la zona de seguridad, pues la ubicación resultante podría ser inviable comercialmente o no ser de interés de los afectados”.

A día de hoy el quiosco sigue en el mismo lugar a pesar de que el Ayuntamiento de Málaga emitió un informe el 5 de julio de 2010 en el que declara ilegal dicha instalación y da al dueño un plazo de 20 días hábiles para el traslado del quiosco, avisándole de que si no lo hacía el propio Ayuntamiento se encargaría de ejecutar este traslado de forma subsidiaria. De eso hace ya ocho meses. Mientras, la seguridad de los usuarios y trabajadores de la Ciudad de la Justicia sigue igual de desatendida que el primer día.