La Abogacía del Estado ya alertó cuando el supermercado fue descartado que el pliego no incluía esta opción y que se lesionan los derechos de otros concurrentes

03/05/13. Sociedad. “Si se admitiese que el concesionario, una vez su oferta hubiera sido seleccionada, se desviara de los términos en que hizo la oferta en cualquiera de sus aspectos, se lesionarían los derechos de los terceros concurrentes, que, al presentar su oferta, previeron, como con seguridad hizo la concesionaria, el impacto negativo que tendría en la puntuación de sus ofertas la inclusión de un supermercado”. Argumentos como este esgrimido por la Abogacía del Estado fueron concluyentes para descartar la instalación de un supermercado Carrefour en el Puerto de Málaga. Una opción que ahora sí que ha admitido el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, con su presidente, Pepín Sánchez, al frente, sin que en nada haya cambiado la situación respecto a antes, excepto el chantaje en forma de denuncia judicial, incluida la petición de 1,5 millones de euros por daños, de los principales defensores de este súper de barrio, los promotores de Muelle Uno. Un análisis de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

EN diciembre de 2010 el consejo de administración de la Autoridad Portuaria desautorizó la instalación de supermercado Carrefour en la esquina de los muelles uno y dos del puerto de Málaga, una opción que defendía los promotores del centro comercial Muelle Uno como la necesaria locomotora que tirase del resto de establecimientos. Si bien es cierto que numerosas voces se habían posicionado en contra del ‘cutrefour’ como fue bautizado el proyecto, alegando que era un lugar demasiado privilegiado para un simple supermercado, lo cierto es que las razones que llevaron al consejo a desechar esta iniciativa fueron de corte legal: no era una opción incluida ni permitida en el concurso con el que se adjudicó este proyecto público. Ni se contemplaba en las bases ni en el plan finalmente seleccionado. Lo del Carrefour fue algo sobrevenido y presentado por sorpresa a mitad construir la obra, como un hito necesario para la rentabilidad del proyecto.

EN aquel consejo se pudo sobre la mesa un informe de la Abogacía del Estado que establecía lo siguiente: “los términos de las cláusulas del pliego de licitación son claros en cuanto a que los usos a que puede destinar las instalaciones que construya deben ser los contemplados en la oferta, en la que no se hacía de manera alguna referencia al uso alimentario( …) la Autoridad Portuaria podría, incluso en el supuesto de que los usos comerciales previstos no se desviaran de los estándares de calidad ofertados, restringirlos o prohibirlos (…) el hecho de ser adjudicatario no permite al concesionario introducir libremente cualquier uso comercial”. Por otra parte, se precisa en el informe que “si se admitiese que el concesionario, una vez su oferta hubiera sido seleccionada, se desviara de los términos en que hizo la oferta en cualquiera de sus aspectos, se lesionarían los derechos de los terceros concurrentes, que, al presentar su oferta, previeron, como con seguridad hizo la concesionaria, el impacto negativo que tendría en la puntuación de sus ofertas la inclusión de un supermercado (…) Caso de realizarse esta modificación ahora, significaría que este punto no ha sido sometido a la valoración del órgano de selección”, se subrayaba en el documento de la Abogacía del Estado, que animó a consejo de administración de la Autoridad Portuaria a posicionarse en contra: “el concesionario no puede introducir modificaciones en la finalidad a la que debe destinar los bienes concesionales otorgados y los construidos por él”.

LA reacción de los promotores del centro comercial Muelle Uno -Unicaja, Myramar, Edipsa y Malika- se produjo en forma de denuncia en tribunales de lo Contencioso-administrativo en la que se reclamaba a la Autoridad Portuaria siete millones de euros por esta negativa en concepto de reclamación patrimonial.

EXCEPTO esta acción, en nada había cambiado la situación desde diciembre de 2010. Todo seguía exactamente igual que antes. Pese a lo cual el consejo de Administración del pasado martes 30 de abril -decide dar vía libre a este supermercado porque “las características de calidad de la oferta se compadecen con lo indicado en los requisitos y normas establecidos en la concesión” (¿?). Hacer constar las significativas ausencias de representantes del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía en dicha reunión, que coincidió con la que esa misma mañana se celebraba por la presentación del trazado del Metro.



LO que se presenta finalmente es lo mismo que se rechazó antes: un supermercado Carrefour, con pescadería, frutería, verdulería, panadería, cosmética, charcutería, zona de bebidas… por su tamaño -1.400 metros- será un Carrefour Market, franquicia con la que se presenta el gigante de la gran distribución de origen francés para trabajar con tiendas de mediano volumen.

EN definitiva el puerto continúa demostrando ser un espacio abonado para que los concesionarios de Muelle Uno sigan siendo los únicos con poder de decisión. Siempre bajo la aureola de hacer esta obra “como un servicio a Málaga” –que nadie les ha pedido- y con el peregrino argumento de que “peor estaba antes” –por eso precisamente se hizo un concurso público- los poderes del ladrillo y las finanzas han hecho lo que les ha dado la gana. Desde aumentar un 20% el canon máximo que se pedía en el concurso para después pedir una rebaja a la Autoridad Portuaria, hasta saltarse a la torera las limitaciones arquitectónicas, o como es el caso, las indicaciones de uso del concurso inicial. De tal manera que nuevamente vemos a un presidente del Puerto, en este caso ‘Pepín’ Sánchez Maldonado, bajándose los pantalanes con el resto del consejo de administración de la Autoridad Portuaria ante las demandas y chantajes de estos empresarios.

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