“Que la Ley esté bien o mal es otra cuestión. Es lo que hay”. Así lo indicó la misma fuente del Gabinete de Comunicación de la Subdelegación del Gobierno

26/02/14. Sociedad. La Subdelegación del Gobierno ha tenido a bien aclarar a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com que a Álvaro Luna, fotógrafo profesional, no se le ha impuesto una multa, sino una “propuesta de sanción” ante la que el también técnico de la Universidad de Málaga (UMA) puede presentar (y ya ha presentado) alegaciones. También asegura la Subdelegación que Luna recibe la propuesta porque no se identificó como profesional.

LA Subdelegación del Gobierno de Málaga ya ha recibido las alegaciones de las que hizo entrega el fotógrafo Álvaro Luna el pasado viernes. Su abogada, Amanda Romero, le asegura que el procedimiento que la Subdelegación incoa contra él carece de fundamento. Sin embargo, desde la misma Subdelegación ven que la propuesta de sanción (una multa de 400 euros ante la que Luna ya ha presentado alegaciones) sí está fundada.

LOS hechos coinciden en ambas versiones. Luna salió de un curso media hora más temprano de lo previsto por lo que se acercó el 12 de septiembre del año pasado a la Plaza de la Constitución, donde había quedado con un amigo. Allí se encontró con un grupo de cincuenta personas, sentadas en círculo y hablando con un megáfono. Era una Asamblea Antipatriarcal (feminista). Luna comenzó a tomar fotografías de la asamblea, a las que esta revista ha tenido acceso en exclusiva (las mismas no han sido publicadas en ningún lugar, según explica el profesional de la imagen, porque el resultado no le convenció). En las imágenes no se aprecia el rostro de ningún agente policial. Sin embargo, ese mismo día 12 de septiembre de 2013, varios agentes policiales comenzaron a identificar a los participantes en la asamblea y al mismo fotógrafo, al que consideraron “organizador” y promotor de la reunión no autorizada, según el mismo subinspector, por “realizar un reportaje fotográfico”.

LA Subdelegación justifica la actuación policial y la propuesta de sanción en que Luna no se identificó en ningún momento como profesional de la imagen, y alude directamente a las alegaciones que la abogada, Romero, ha presentado ante la misma: “Aquí pone que él es responsable técnico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga”, explican desde el gabinete de comunicación. A la pregunta de esta revista, “¿Entonces un fotógrafo aficionado sí podría ser sancionado?”, las fuentes de la Subdelegación responden: “Que la Ley esté bien o mal es otra cuestión, pero es lo que hay”.

AHORA el instructor del caso tiene que determinar si tendrá en cuenta o no las alegaciones presentadas por Romero. Las fuentes de la Subdelegación consideran que los policías identificarían a Luna por realizar fotografías a los agentes, cuando no tenía por qué. En el momento de su identificación, el propio fotógrafo, según explica el gabinete de la Subdelegación, revela que no trabajaba para ningún medio y que las imágenes las realizaba por interés particular y sociológico. De ahí la incoación del procedimiento.

FRANCISCO Terrón, secretario de acción sindical del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), recordó en una información publicada ayer por esta revista que los derechos a capturar y a grabar y a recoger y publicar información (artículo 20 de la Constitución Española) son extensibles a todos los ciudadanos, independientemente de que se sea o no profesional. Álvaro Luna, por su parte, explicó en repetidas ocasiones que esta es su primera multa y, para más inri, era la primera vez que le identificaban en una manifestación. Luna ha sido profesional y operador de cámara durante diez años y lleva otros tantos como técnico en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, donde compagina su tarea con la docencia impartiendo talleres.

LA sanción de 400 euros podría incrementar exponencialmente de haber entrado ya en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que propugna el Gobierno. Ley que, por otro lado, ayer el Consejo General del Poder Judicial la consideró de “dudosa” consititucionalidad.

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