Hace dos años desde que se cumplió el protocolo de intenciones. Francisco de la Torre aboga ahora por un concurso público. El desconcierto y la desinformación en los medios sobre este conflicto son absolutos. Lea cronológicamente los hechos

14/01/15. Sociedad. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com ha denunciado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ante la Fiscalía, (AQUÍ) por admitir haber dado una cobertura “no legal” a La Casa Invisible (AQUÍ). Así, se espera que el primer edil defina su postura sobre este centro social okupado (CSO) que se encuentra en la céntrica calle Nosquera, en los números 9 y 11. En el escrito...

...remitido al Fiscal Jefe de Málaga se señala que el alcalde podría haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación omisiva. Además, también habría incumplido las normas de cesión y uso de inmuebles aprobadas por la propia corporación que él dirige. En la víspera de Nochebuena una dotación policial desalojó el CSO alegando razones de seguridad. El Ayuntamiento de Málaga señaló entonces un informe realizado por técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del Cuerpo de Bomberos. Los activistas que suelen participar en el espacio desalojado defienden que la decisión es “política”, y no técnica.

AQUEL desahucio desató una ola de indignación en las redes que se tradujo el pasado sábado 10 de enero en una manifestación. El desconcierto y la desinformación reinan en estos momentos en los medios locales, donde desfilan desde hace semanas diferentes portavoces de La Invisible, y donde se publican opiniones de periodistas, escritores y agentes culturales con más bien poca conexión con este centro. Ejemplo de este desconcierto es precisamente la protesta del sábado pasado: diario Sur cifró a los asistentes en 2.000 (AQUÍ), La Opinión de Málaga amplió esa cifra (AQUÍ), la edición malagueña de El Mundo disparó los manifestantes hasta los 3.000 (AQUÍ), y el Málaga Hoy la rebajó a “un millar” (AQUÍ). La organización de la marcha habló de 5.000 personas, y la policía rebajó la cifra a 1.000, según Europa Press (AQUÍ).

EL domingo pasado, un día después de la manifestación de La Casa Invisible, el alcalde explicó en las redes sociales que el pasado jueves 8 mantuvo una reunión con portavoces del CSO. A ella acudieron también los concejales de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y de Cultura, Gemma del Corral. De la Torre, en tres mensajes en Twitter, explicó su propuesta: que el Ayuntamiento malagueño rehabilitase el inmueble y que después se convocase un concurso público para saber qué colectivo se quedará su gestión. El centro respondió al propio regidor también en Twitter. “Ocho años de experiencia y buena gestión ciudadana demuestran que no hace falta concurso alguno. Es innegable el enorme apoyo y la legitimidad con la que cuenta La Invisible en Málaga. Tenemos la capacidad de rehabilitar sin cerrar. Lo que falta es que ud. cumpla sus acuerdos”. El alcalde explicó entonces que esa rehabilitación debe estudiarse con técnicos del Ayuntamiento y con los activistas implicados. La Casa Invisible lanzó el fin de semana un crowdfunding, una campaña de micromecenazgo, para reunir dinero con la que comenzar a ejecutar las obras. Al cierre de esta edición ya habían reunido más de 13.000 euros según sus propias fuentes.

DE la Torre plantea un concurso porque el inmueble, sito en la calle Nosquera números 9 y 11, es de propiedad municipal. De hecho, fue expropiado a un particular hace ya ocho años. La expropiación ha salido cara. El Tribunal Supremo, después de años de pleitos con los propietarios originales, fijó el año pasado el justiprecio que el Consistorio tiene que pagar tras quedarse con el edificio: casi 3,5 millones de euros. El proceso de expropiación comenzó porque el Ayuntamiento iba a hacer uso del bloque para crear una incubadora de empresas, pero fue ocupado en marzo de 2007.

TRAS más de un lustro de okupación y de una agenda cultural en activo, La Casa Invisible logró sentarse con las administraciones. De ahí nace el famoso protocolo de intenciones, que desde La Casa Invisible denuncian que no se está cumpliendo. De una parte se sentaron los responsables de tres asociaciones: Cartac, Metrolab y Latitud Málaga. Del otro lado se sentaron el propio De la Torre, Salvador Pendón como presidente de la Diputación (por entonces, PSOE), Manuel García Gutiérrez como delegado de Cultura del Gobierno andaluz en Málaga, y la directora del Departamento de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía, Berta Sureda. En ningún momento, en este protocolo de intenciones (suscrito el 17 de enero de 2011, puede leerlo AQUÍ) figura la conocida ‘Fundación de los Comunes’, una fundación que en los medios se repite y se reitera que fue creada para dotar de personalidad jurídica a La Invisible. Para eso ya estaban estas tres asociaciones.

SE constituyeron las tres asociaciones a finales de 2008. En una entrevista de esta revista con los tres portavoces de estos tres colectivos (AQUÍ), ellos mismos defendían que la gestión de la casa no viene condicionada por la coexistencia de tres organismos con CIF. “La casa es una asamblea, repartidas en áreas de trabajo, los colectivos que aquí vienen y trabajan, con entidad jurídica o no, y la formación de las asociaciones viene porque teníamos que tener una entidad jurídica”. También indicaron que constituyeron tres, y no una asociación, porque el propio Ayuntamiento se lo exigió. Les dijo que no era suficiente un único colectivo.

AUNQUE en 2009 ya había entidad jurídica en La Invisible, el escritor Santiago Fernández Patón, presidente de una de ellas (Metrolab) no vio cómo su organización aparecía en el registro municipal de asociaciones hasta finales de 2010. Solo unos días después, a mediados de enero de 2011, se firmó el dichoso protocolo de intenciones que comprometía a los activistas y a las administraciones a cumplirlo. Este protocolo de intenciones supone la constitución de una fundación privada, por naturaleza opaca. Esta fundación se creó y es la Fundación de los Comunes. En su patronato figuran un presidente, que es la asociación Metrolab, donde participan, además de Fernández Patón, el activista Juan Díaz Ramos. El resto de patronos lo completan colectivos del resto del Estado. Como vicepresidente, la asociación cultural Universidad Nómada (cuyo presidente es Carlos Ignacio Prieto del Campo), como secretario, la asociación cultural Traficantes de Sueños (su presidente, Antonio David Gámez Hernández), y como vocal, la asociación Ateneu Candela (su presidente, Andrés Partoja Padilla).

EL problema de las fundaciones es que son, además de privadas, por naturaleza, opacas. La Invisible, que como ya se ha dicho, ha reunido ya 13.000 euros para emprender acciones con las que rehabilitar el centro, está gestionada por una asamblea en la que los rostros más conocidos son los que luego se erigen como portavoces y son los que participan en estas asociaciones, ahora fundación. Son Nicolás Sguiglia, que dejó Izquierda Unida tras comenzar a simpatizar con Podemos, son Juan Díaz o Ángel Antich, 66(ahora mismo La Invisible está cerrada a actos de concurrencia pública, pero pueden celebrar reuniones los colectivos de su interior). Son también Amanda Romero, o el propio Santiago Fernández Patón, presidente, a efectos prácticos, de la Fundación de los Comunes. El centro cuenta con una cafetería a precio de mercado, pero no se sabe a qué se destina ese dinero.

TRAS la firma del protocolo de intenciones, que expiró en enero de 2012 (el plazo dado a las partes era de 12 meses para cerrar un proyecto cultural) el Ayuntamiento de Málaga desatendió el inmueble. Los activistas se habían comprometido, por su parte, a informar trimestralmente de cómo se venía siguiendo el proceso. La fundación se creó, pero los okupas, que también habían acordado mantener y conservar el inmueble, no han cumplido, a juicio del primer edil, que en una entrevista con La Opinión de Málaga señaló lo siguiente: “Habría que analizar el convenio que se firmó hace cinco años, en el que se señala que los titulares del mismo están obligados a ocuparse del mantenimiento y de las obras de mejora. A Urbanismo le consta que se han hecho usos, incluso un bar, sin el conocimiento del Ayuntamiento. Y esto es difícil de entender. Sobre todo, porque en ese grupo hay arquitectos y profesionales que saben perfectamente que no se pueden hacer estas cosas fuera del conocimiento de los organismos correspondientes”.

SIN embargo, la política municipal durante los últimos años ha sido balbuceante en torno a lo que ha venido ocurriendo con La Invisible, que siempre ha exigido su legalización. Y entre reivindicación y reivindicación, los miembros de las asociaciones que llevan La Casa han pedido hasta 7.000 euros en subvenciones (AQUÍ y AQUÍ) e incluso recibido una de la Junta de Andalucía por valor de más de 15.000 euros (ver convocatoria resuelta AQUÍ).

EN las informaciones relativas a La Casa Invisible siempre es esencial distinguir entre aquellos activistas que trabajan por un mundo mejor en estas instalaciones y aquellos que en bandera del activismo tejen y manejen con formas opacas, más si cabe que las de una administración.

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