Iguales. Ningún grupo político de Málaga ha pedido que se cree una norma parecida con el objetivo de hacer de la publicidad institucional una política transparente, profesionalizada y de utilidad pública que fortalezca los derechos ciudadanos

Utilizar la publicidad para prevaricar premiando o castigando a los medios locales según sus líneas editoriales es la característica de los gabinetes de comunicación de Jesús Espino (PP) en el Ayuntamiento y de Marta Olea (PP) en la Diputación

El gasto anual en publicidad directa del Ayuntamiento y  la Diputación de Málaga supera los dos millones de euros. Publicidad que insertan a dedo y por capricho en los medios de comunicación sin ningún tipo de control o normas. Pero ningún grupo político o partido ha propuesto tampoco crear unas reglas que la regulen

26/05/17. Comunicación. Como ya informó EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com en publicaciones anteriores (AQUÍ), el gasto en publicidad del Ayuntamiento, sumando las campañas de publicidad institucional y los contratos menores dedicados a la gestión de la comunicación y publicidad, superó en 2016 los dos millones de euros. Este excesivo desembolso fue...

...criticado por diversos grupos municipales (Los grupos de oposición del Ayuntamiento de Málaga (excepto C’s) condenan el mal uso de contratos menores por parte del PP, que divide así los pagos para dárselos a empresas y medios de comunicación ‘a dedo’ sin celebrar concursos) que en lugar de proponer medidas para la regulación de este dispendio, en principio contemplado en los presupuestos anuales, hablaron sobre la falta de transparencia del Consistorio y las áreas en las que consideran más necesaria la inversión. En el mismo  contexto, el Consejo de Gobierno de La Rioja (ente uniprovincial, similar en ámbito de actuación a la Diputación de Málaga) aprobó el pasado 18 de mayo, según una información de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), el proyecto de Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de esa autonomía, con el objetivo de terminar con la prevaricación administrativa y la compra de información.

LA RIOJA ha aprobado el proyecto de Ley de Comunicación y Publicidad Institucional, texto que, según una publicación de la FeSP (La Rioja regula la publicidad institucional) y el gabinete de comunicación de esta autonomía, responde al “nuevo modelo de publicidad institucional del Gobierno de La Rioja, y más concretamente, a su dimensión normativa”. Crean así, un marco regulador en el ámbito de la comunicación y la publicidad institucional que tiene tres objetivos: “Generar un comportamiento corporativo en el Gobierno; hacer de la publicidad institucional una política pública, transparente, profesionalizada y de utilidad pública; y fortalecer los derechos de los ciudadanos y la fiscalización de la publicidad”.

DE esta medida, debería tomar ejemplo el Ayuntamiento de Málaga, cuyo gasto en publicidad y comunicación es arbitrario y desigual en su reparto a los medios de comunicación. Como ya vimos en esta información (DOSSIER. Los contratos menores que realizó el Ayuntamiento de Málaga a dedo y sin control en 2016, sólo en publicidad y gestión de la comunicación, suman casi 2.000.000 de euros. Muchos fueron de apoyo a sus campañas de publicidad), el Consistorio adjudica los contratos dedicados a la publicidad y a la comunicación institucional, a empresas que le son afines, por “favoritismo”, y nombrándolas cada vez de diferente manera para que el número de contratos a la misma entidad, no sea tan obvio (utilizando por ejemplo, el nombre del grupo mediático y posteriormente el de uno de sus diarios, Grupo Vocento/Diario Sur).

EN principio, el desembolso que realiza el Ayuntamiento en publicidad viene reflejado en las campañas de publicidad institucional promovidas por el mismo. Sin embargo, en los contratos menores, aquellos que definidos por su cuantía no precisan la convocatoria de concursos públicos para su adjudicación, observamos que muchos de ellos se destinan a este mismo ámbito y como apoyo de las campañas mencionadas anteriormente. Estos contratos, a pesar de estar directamente relacionados con las campañas, no constan dentro de los costes de las mismas, por lo que en apariencia el gasto es menor. De hecho, en las campañas de publicidad institucional el coste total durante el ejercicio de 2016 fue de 548.757,88 euros (AQUÍ), mientras que en los contratos menores relacionados con la publicidad y la gestión de la comunicación el gasto ascendió a 1.783.969,08 euros aproximadamente (AQUÍ). El total, supera los dos millones de euros.

LA RIOJA, que “aspira a poner fin a largos años de prevaricación administrativa y compra de la información”, elaboró el anteproyecto de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de forma “abierta y participativa”, contando con todas las propuestas de las diferentes organizaciones colaboradoras (A Crera, Sindicato de Profesionales de la Información de La Rioja (SPIR-FeSP), Asociación de La Prensa y el Parlamento regional a través de los grupos parlamentarios) e incluyéndolas en el texto legal final. La ley se ha estructurado en una exposición de motivos y consta de cuatro capítulos y 13 artículos que establecen: “las disposiciones generales, los principios de aplicación a la acción comunicativa con los sujetos afectados, el régimen jurídico de la publicidad institucional y las garantías y derechos de los ciudadanos en relación a la cancelación o rectificación”. Se complementa además, con algunas disposiciones transitorias y finales, “entre las que destaca la posible creación de un órgano colegiado que vele por el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en esta Ley”.

LOS cuatro capítulos integrados en el texto se articulan de esta forma, el primer capítulo “recoge las disposiciones generales relativas al alcance objetivo y subjetivo de la norma”. Se incluye la comunicación institucional del sector público autonómico en su aceptación integral, se define el concepto de comunicación institucional, y se especifica que las redes sociales habrán de considerarse, invariablemente, medios de difusión. El capítulo segundo, “se refiere a la comunicación institucional y detalla tanto los principios como los criterios a los que se sujetará. Entre los principios, cabe destacar la objetividad y veracidad, la orientación al servicio público, la transparencia, la claridad y la responsabilidad y rendición de cuentas”.

EN este capítulo, se alude también “a la normalización de procedimientos de planificación y evaluación, la pluralidad en los medios y soportes utilizados, el fomento del periodismo ético y el respeto a los códigos deontológicos de los propios medios”. El tercer capítulo se refiere a la publicidad institucional: “Recoge expresamente el concepto de publicidad institucional, se refiere a los soportes, al objeto de las campañas y determina una serie de prohibiciones”. Reserva además, un espacio “para todo lo relativo a procesos electorales y de referéndum”. Por último, el cuarto capítulo, versa sobre las garantías y derechos de los ciudadanos, y en él se “regula el derecho de solicitar la cesación inmediata o la rectificación de aquellas campañas que incumplan algunas de las previsiones contenidas en la ley y señala que las solicitudes deberán dirigirse ante el titular de la consejería competente en materia de política informativa y de comunicación”, y especifica que las solicitudes se resolverán en un plazo máximo de seis días.

EN Málaga sin embargo, los grupos políticos no han presentado ninguna propuesta que pueda regular este sector en concreto (AQUÍ). Reprueban el excesivo gasto por parte del Consistorio y el abuso de los contratos menores, que como aseguró a esta revista María del Carmen Moreno, portavoz del PSOE, “se usan para lo que ellos no quieren que tenga demasiado control”, opinión que comparten los demás grupos de oposición consultados, excepto Ciudadanos. Sus quejas se refieren sobre todo a la gestión de los contratos menores, de los que Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente (IU), argumentó: “Siendo tantos contratos con un objeto idéntico o similar, encuadrable en la misma categoría, sería preferible que se hiciera un procedimiento marco que regulara y que garantizara los principios de concurrencia, en beneficio del propio Ayuntamiento y del cumplimiento de la ley”. En cambio no sugieren, al contrario que el Consejo de Gobierno de La Rioja en las disposiciones transitorias de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional, medidas como la creación de un órgano colegiado que regule y asegure el cumplimiento de los ámbitos contemplados en la nueva norma.

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