MUJERES. 10/01/12. Cristina Garaizabal. La cofundadora y portavoz del colectivo Hetaira, Cristina Garaizabal, analiza en este artículo para Mujeres / EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la situación de desconocimiento y alegalidad que sufren las mujeres que se prostituyen. Esta organización...

MUJERES. 10/01/12. Cristina Garaizabal. La cofundadora y portavoz del colectivo Hetaira, Cristina Garaizabal, analiza en este artículo para Mujeres / EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la situación de desconocimiento y alegalidad que sufren las mujeres que se prostituyen. Esta organización en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo establece, según su propia experiencia de más de 15 años, una importante distinción entre ‘prostitución’, ‘trata’ y ‘tráfico’, términos que habitualmente se emplean como sinónimos sin serlo.

Las trabajadoras del sexo como sujeto de derecho

HACE 15 años, cuando fundamos Hetaira, las prostitutas se encontraban en un limbo legal que, con sobresaltos, les permitía ir trabajando autónomamente -captando su clientela en la calle o en los pequeños clubes de barrio- o dependiendo de terceros en los grandes clubes. Las redadas, mayoritariamente en la calle aunque a veces también en los clubes, eran infrecuentes y la clientela, guiada por la doble moral, pasaba desapercibida. No eran buenos tiempos: la prostitución estaba invisibilizada y las trabajadoras del sexo no tenían derechos. Nunca se había conocido una prostituta que diera la cara y que clamara por sus derechos. El estigma que recae sobre estas mujeres también les afectaba a ellas que ocultaban en lo que trabajaban para poder seguir con la vida cotidiana.

A pesar de esos intentos de invisibilización la prostitución es una realidad en nuestras sociedades. Una realidad compleja, llena de claroscuros, que se mueve en la ‘alegalidad’, es decir en ‘terreno de nadie’ ya que ni es considerada una actividad lícita reconocida legalmente, ni es considerada un delito, es decir penalizada. Esta situación conlleva que las personas que la ejercen estén sometidas a todo tipo de arbitrariedades y abusos por parte de poderes públicos, de funcionarios policiales (como la red de policías que extorsionaban a prostitutas en un club de Coslada en Madrid), de vecinos o de cualquier ciudadano ‘de bien’.

INDEPENDIENTEMENTE de la consideración que nos merezca la prostitución, hay que ser conscientes de que las prostitutas son sujetos de derechos y que como ciudadanas, su actividad no debería implicar en ningún caso el recorte de los derechos ciudadanos y sociales que les corresponden. En la actualidad, las trabajadoras del sexo ven recortados derechos tan elementales como el de la libertad y la seguridad personal pues hay normativas municipales en muchas ciudades españolas que les impiden ejercer libremente en espacios abiertos. También ven como no se respeta su vida privada (las leyes contra el proxenetismo frecuentemente afecta a familiares directos por vivir del dinero de ellas); ni se respeta el derecho a asociarse con otras prostitutas para montar cooperativas; ni se les permite gozar libremente de sus ganancias y sus propiedades dado que se considera que éstas han sido obtenidas con dinero ‘ilegal’. Incluso en muchos casos, cuando sufren maltrato doméstico no son protegidas por la Ley de Violencia de Género porque se considera que el maltratador no es su compañero afectivo sino su proxeneta, o no se les niega la credibilidad cuando denuncian agresiones sexuales. En el caso de las trabajadoras del sexo extranjeras, a esta situación general se suma el que ven recortado su derecho a emigrar de sus países pobres para buscar una vida mejor en nuestro país porque inmediatamente todas las prostitutas inmigrantes son victimizadas, se las considera víctimas de trata, negándoles la palabra y la posibilidad de quedarse en nuestro país ganándose la vida con otra actividad o con la prostitución, si así lo han decidido.

La situación en los últimos años

DE unos años para aquí la situación de las trabajadoras del sexo ha empeorado notablemente. El aumento de la presencia de inmigrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para combatir la prostitución y estigmatizar más si cabe a las mujeres inmigrantes que trabajan en ello, sumándose a la ideología tradicional una corriente del feminismo que defiende la abolición de la prostitución. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles y con nefastas condiciones favorecen todo tipo de abusos a las inmigrantes con menos recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género. Se confunde así el hecho básico de la prostitución: intercambiar servicios sexuales por dinero, con otros fenómenos concomitantes como son los abusos, la violencia, la marginalidad, el estigma y un largo etcétera derivados de las condiciones en las que hoy se ejerce este trabajo. La solución que se plantea desde estas posiciones es la de arremeter contra la prostitución y no se hace nada para cambiar las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia.

TAMBIÉN el que las mujeres que emigran sean pobres lleva a victimizarlas en extremo, afirmando que todas son víctimas de trata y que quienes quieren seguir trabajando en la prostitución son un porcentaje bajísimo, que no debe tomarse en consideración.

ESTA perversión y manipulación de la realidad, al asimilar la trata con la prostitución voluntaria, oculta la verdadera esclavitud, la situación de aquellas personas, fundamentalmente mujeres y niñas, que realmente son obligadas a ejercer la prostitución en un régimen de esclavitud; que son rehenes y presas de las mafias; sin documentación, forzadas a pagar con elevados intereses el préstamo que se les hizo para que viajaran clandestinamente a este país; que no tienen ningún margen de decisión sobre sus condiciones de trabajo, ni de libertad para abandonarlo aunque sea para ir a trabajar en unas condiciones de mayor miseria económica. Este sector de mujeres existe y sí que pueden ser consideradas esclavas y propiedad de las mafias. Y las medidas que hay que tomar ante estas situaciones nada tienen que ver con las políticas que hay que desarrollar para dignificar las condiciones de trabajo y aportar mayor seguridad al resto de prostitutas, que son la mayoría.

AHORA bien, que las mujeres que ejercen la prostitución en contra de su voluntad sea un porcentaje minoritario no quita gravedad a su situación ni implica que no tengan derechos que deben ser garantizados también. La trata de mujeres con fines de prostitución es una grave violación de los derechos humanos y una forma extrema de violencia de género que debe ser combatida. Pero para ello no son suficientes las proclamas generales y menos aún perseguir a los clientes de la prostitución, como si ellos demandaran esclavas sexuales y no servicios sexuales libremente pactados.

Las iniciativas institucionales

LAS conclusiones de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados dadas a conocer en abril de 2007 abrieron una nueva situación en la forma de abordar la prostitución en las políticas institucionales. Dichas conclusiones son un compendio de abstracciones completamente ideologizadas en el que casi no se plantean propuestas concretas. En ellas, aunque se reconoce que no existen estudios fiables sobre la realidad de la prostitución, todas las medidas que se proponen parten del juicio previo de que sólo una mínima parte de la prostitución se desarrolla de manera voluntaria, concluyendo que “no tiene sentido diferenciar la prostitución coaccionada de la voluntaria”, de manera que se habla exclusivamente de la prostitución obligada y se invisibiliza a todas aquellas personas que ejercen la prostitución de manera voluntaria y que deberían haber sido contempladas también como sujetos de derecho desde el punto de vista legislativo.

BASARSE en el prejuicio de que toda la prostitución es forzada da pie a que se tomen medidas y normativas que incrementan, revalorizan y favorecen el mercado clandestino del sexo, en detrimento de las trabajadoras que ven así cómo aumenta su vulnerabilidad. Así lo reconoce un informe del Parlamento Europeo del año 2000 que considera que “el régimen de prohibición directa e indirecta de la prostitución vigente en la mayoría de Estados miembros crea un mercado clandestino monopolizado por la delincuencia organizada que expone a las personas implicadas, sobre todo a los inmigrantes, a la violencia y la marginación”[1]

Y así lo recoge también la Guardia Civil: “Ahora muchas de las mujeres se captan (e incluso se ofrecen ellas mismas a las organizaciones) sabiendo desde el primer momento que van a trabajar como prostitutas. Por tanto se observa que la explotación va teniendo un carácter más laboral que sexual, puesto que los proxenetas reciben altísimos porcentajes del dinero (…) sin riesgos y sin necesidad de llegar al empleo de medios de coacción”[2].

POR desgracia, la idea de que casi toda la prostitución existente es forzada, a fuerza de ser repetida se ha extendido como la pólvora y se utiliza sin más reflexión. Tal es así que continuamente escuchamos cómo se habla indistintamente de ‘trata’ y de ‘prostitución’ como si se estuviera hablando de la misma realidad.

CON frecuencia, al hablar de prostitución, se establece la dicotomía ‘trabajo versus esclavitud’, como si de dos conceptos excluyentes se tratara. Desde nuestro punto de vista este binomio no es excluyente. Ofertar servicios sexuales es un trabajo que, sólo en algunos casos (pocos pero sangrantes) se realiza en régimen prácticamente de esclavitud. Es el caso de aquellas mujeres que son víctimas de trata y que, tal y como recomienda Naciones Unidas deben estar en el centro de las políticas estatales colocando en primer lugar su protección, su asistencia y la reparación del daño que se les ha causado.

UN primer problema a la hora de hablar de la trata es la necesidad de diferenciarla claramente del tráfico ilegal de inmigrantes. Una diferencia muy importante en la práctica porque mientras la primera es una grave violación de los derechos humanos (ya que implica coacción y anular la capacidad de decisión de la persona sobre su vida, obligándola a trabajar en régimen de esclavitud), el tráfico ilegal es decidido por quien lo utiliza y considerado muchas veces un ‘mal menor’ para las personas inmigrantes que quieren entrar en nuestro país y no cumplen los requisitos que la ley de extranjería establece. 

EN diciembre de 2008 el Gobierno aprobó el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual. Un plan necesario y que contempla algunas medidas positivas como son: la coordinación internacional de los estamentos judiciales y policiales, el decomiso de los bienes de las organizaciones mafiosas y la creación de un fondo que luego repercuta en las propias víctimas, el aumento de los días de reflexión para que éstas decidan si denuncian a los mafiosos, las medidas de información a las víctimas, servicios de atención, de asistencia jurídica y de protección integral (aunque, en principio solo sean para las que han denunciado), las medidas legislativas y procedimentales que tratan de perfeccionar los mecanismos legales para la atención inmediata de las víctimas, entre ellas la de que éstas puedan testificar antes del juicio y, por lo tanto, no tengan que encontrarse en la situación violenta de estar en el juicio con los mafiosos…

NO obstante el plan presenta muchas deficiencias y unilateralidades que nos hacen dudar de su eficacia. Un primer problema es que, aunque en la introducción al Plan se diferencia entre ‘trata’ y ‘tráfico’ ilegal de inmigrantes, esto se queda en una mera declaración de intenciones porque en las medidas que se proponen no hay ninguna que vaya a establecer indicadores claros para su diferenciación. Por el contrario, la mayoría de medidas están encaminadas a los cuerpos policiales y judiciales y especialmente a reforzar los mecanismos de control de fronteras con aquellos países que son sospechosos de ser el origen de la trata. Esto no ayuda a diferenciar ‘trata’ y ‘tráfico’, deja desasistidas a las víctimas provenientes de la UE y puede acabar recortando los derechos de los inmigrantes en general y de las mujeres en particular.

OTRO problema que presenta el plan es la continua asimilación que hace entre ‘trata’ y ‘prostitución’. Esta asimilación recorre todo el plan y se hace notar especialmente en las medidas de sensibilización: control de anuncios, la sensibilización de la sociedad en la idea de que la prostitución es una grave vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres y evitar el turismo sexual… medidas todas ellas que están más encaminadas a combatir la prostitución en general más que el grave delito de la trata.

PERO lo más grave de este plan es que no tiene en el centro de sus preocupaciones la defensa de los derechos humanos de las víctimas. Aunque en la declaración de intenciones consta esta preocupación, las medidas que se proponen no están acordes con esa declaración. Sólo podrán acceder a los recursos que el plan ofrece aquellas víctimas de trata que denuncien y colaboren con la policía en el desmantelamiento de las redes criminales. Así mismo, la mayoría de medidas van encaminadas a reforzar el control de fronteras o a la exigencia de visados para quienes proceden de los países que se consideran origen de la trata.

EN resumen, cuando se aprobó el Plan nos quedó la impresión de que parecía más ser un instrumento para combatir la prostitución en general que para defender a las personas que, en pleno siglo XXI, son obligadas por las redes criminales a trabajar en régimen de esclavitud, bajo engaño o coacción.

POR desgracia, esta primera impresión se ha ido confirmando. Después de un año de su aprobación nos encontramos con que apenas se han puesto en marcha las medidas sociales previstas en el Plan y, por el contrario, se han incrementado las medidas policiales y judiciales. Así, el balance que hacen los Ministerios de Interior y de Igualdad fue que: “Durante el año 2009, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han identificado a 1.301 víctimas, un 41 por ciento más que en 2008”. De ellas, 443 son víctimas de trata (es decir, captación, traslado y explotación laboral o sexual de una persona, mediante amenazas o engaños) y 858 de explotación sexual (es decir, aprovechamiento de la condición y circunstancias sexuales de una persona en beneficio propio)[3]. Parece que lo que importan son las cifras pero nada se sabe de lo que ha pasado con estas mujeres: ¿Cuántas de ellas son o han sido consideradas ‘testigos protegidos’? ¿Cuántas se han acogido al periodo de ‘reflexión’? ¿Cuántas se encuentran acogidas en centros especializados de ONG’s? ¿Cuántas han declarado ante la justicia? ¿Cuántas han sido indemnizadas económicamente? ¿Cuántas se han visto beneficiadas por la concesión de permisos de residencia? ¿Cuántas se han visto beneficiadas por la concesión de permisos de trabajo? ¿Cuántas han sido acogidas en condición de ‘asilo’? ¿Cuántas han denunciado estar en situación de trata?

LOS ministros no aportaron ninguna respuesta a estas preguntas. Por el contrario lo que ha trascendido a la prensa ha sido el caso de una mujer nigeriana, embarazada de 2 meses y que fue expulsada de nuestro país, desoyendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo[4], así como de otras mujeres brasileñas que se encuentran internadas en CIES[5] . En su empeño por seguir mezclando trata con prostitución, se inventan nuevos conceptos como el de ‘explotación sexual’, un concepto que como se puede ver por la propia definición que los dos ministros dan resulta más que confuso y plantea enormes dudas sobre lo que puede haber sido el destino de las 858 víctimas detectadas. En este caso y a pesar de la vocación europeísta que continuamente manifiesta el Gobierno, no parece que esté siguiendo las directivas Europeas que recomiendan poner los derechos de las víctimas en el centro de la lucha contra la trata tal y como se plantea en el Convenio Europeo de Lucha contra la Trata en su art.12: “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para garantizar que la asistencia a una víctima no quede subordinada a su voluntad de actuar como testigo”.[6]

La negación de la capacidad de decisión de las trabajadoras del sexo

UNA de las cuestiones más preocupantes de los últimos tiempos es la invisibilización del sector de prostitutas que ha optado por el trabajo sexual y quiere mejorar las condiciones en que lo desarrolla (sector mayoritario según nuestras investigaciones y muchos otros estudios parciales hechos en diferentes ciudades). Desde el Gobierno, los Ayuntamientos, la mayoría de medios de comunicación, la voz dominante en los partidos políticos y un sector del feminismo existe un empeño en negar la existencia de este sector mayoritario de trabajadoras del sexo.

ANTE esta situación cabe entrar en una guerra de cifras, necesaria, pero difícil de mantener como argumento absoluto porque no existen estudios fiables sobre el conjunto de la prostitución para que las cifras sean un argumento contundente. Cada cual aporta las suyas, aunque desde las instituciones, ni tan siquiera se ven obligadas a remitirse a estudios que demuestren lo que dicen.

SE habla de que un 90% o 95% de las prostitutas son obligadas por las mafias a ejercer la prostitución. Esta cifra se extrae de informes policiales que dicen que un 90% de las prostitutas son inmigrantes, muchas de ellas sin la documentación en regla. Esta cifra de trabajadoras del sexo inmigrantes puede ser real aunque parcial, pues se refiere fundamentalmente a las prostitutas que capta su clientela en la calle o que trabajan en clubes de carretera.

QUE un 90% de las trabajadoras sexuales sean inmigrantes no quiere decir que trabajen en la prostitución de manera obligada. La mayoría de ellas, según nuestros datos, saben a lo que vienen aunque no tengan muy claras las condiciones en las que van a desarrollar su trabajo. Deciden trabajar en la prostitución porque es lo que les sale más rentable e incluso les da más libertad y quieren mejorar las condiciones en las que trabajan. Sólo una minoría viene engañada y se la puede considerar víctima de trata.

PERO como decía anteriormente, las cifras no pueden ser un argumento absoluto para no contemplar los derechos de las mujeres que quieren seguir trabajando en la prostitución. Las sociedades democráticas se caracterizan por proteger los derechos de las minorías y no dejar que las mayorías asfixien e invisibilicen a aquellas, desconsiderando sus derechos. Es decir que, aún suponiendo que las cifras que se dan por parte de las administraciones fueran ciertas ¿por qué no contemplar los derechos de las que se autoafirman como trabajadoras sexuales? ¿por qué contraponer los derechos de las víctimas de trata con los de las trabajadoras que no se sienten víctimas?

PARA nosotras es fundamental defender los derechos de todas las mujeres que ejercen la prostitución. Para las obligadas y coaccionadas: protección y persecución del delito; para las que lo viven mal: posibilidades de formación para desarrollar otro trabajo y para las que deciden ejercer el trabajo sexual: reconocimiento de la prostitución como trabajo, regulación de las relaciones laborales cuando median terceros, reconocimiento de derechos en tanto que trabajadoras y negociación de zonas para que quienes captan su clientela en la calle puedan trabajar en mejores condiciones.

EN muchas ciudades de nuestro país los ayuntamientos están aprobando normativas encaminadas a perseguir la prostitución que capta su clientela en la calle y las trabajadoras del sexo -y, en menor medida, sus clientes- han sido perseguidas y acosadas y sus derechos más elementales, como son el derecho a la libre circulación o el respeto a su dignidad, han sido pisoteados sistemáticamente. Es cierto que la prostitución que capta su clientela en la calle es la más problemática porque es la que más se ve. Frecuentemente, las prostitutas se colocan en barrios degradados de las ciudades, barrios que concitan múltiples problemáticas y en los que fácilmente las prostitutas se convierten en los chivos expiatorios de las insatisfacciones del vecindario. Solventar cabalmente los conflictos que se producen implica negociar la utilización de los espacios públicos, considerando en pie de igualdad los derechos de las trabajadoras del sexo y de los vecinos, aunque sus intereses parezcan contrapuestos. Una posible solución sería la creación de zonas o barrios rojos. Según nuestra experiencia, existen muchas prostitutas que se pronuncian por establecer zonas específicas de ejercicio de la prostitución en las que se pueda trabajar tranquilas y seguras y que cuenten con una serie de servicios que les facilite el desempeño de su trabajo, al estilo de los barrios rojos de algunas ciudades europeas. Esta podría ser una solución siempre y cuando estas medidas se vayan imponiendo a partir de políticas persuasivas en lugar de políticas criminalizadoras. En primer lugar porque, como la experiencia ha demostrado, las políticas prohibicionistas y criminalizadoras no acaban con el problema sino que lo agravan al empeorar las condiciones de trabajo de las mujeres y favorecer el desarrollo de mafias y ‘chulos’ que encuentran en la ilegalidad un caldo de cultivo propicio para sus intereses. Pero en segundo lugar, porque desde Hetaira estamos convencidas de que si existen lugares seguros y tranquilos para ejercer el trabajo sexual, la gran mayoría de trabajadoras se establecerá en estas zonas ya que ellas son las primeras interesadas en trabajar en buenas condiciones. Esta ha sido nuestra experiencia siempre que hemos mediado en los conflictos vecinales que se han producido. 

ASÍ mismo, la penalización de los clientes, medida estrella de las políticas que quieren acabar con la prostitución sin perseguir a las mujeres, acaba reforzándoles a ellos. Cuando empeoran las condiciones de trabajo los tratos deben ser rápidos y semiclandestinos con lo que las prostitutas salen perdiendo en esas negociaciones.

POR otro lado, hoy hay muchas mujeres que trabajan en clubes y que deben aceptar las condiciones empresariales (horarios de 24 horas sin descansos estipulados, imposición de la clientela y de los servicios sexuales que ofrecen, porcentajes abusivos sobre el trabajo que realizan...) sin ninguna ley que las proteja. Existen desde hace tiempo fuertes presiones por parte de los empresarios de los clubes de alterne (ANELA) para que se reconozca el alterne como actividad legítima. Esta presión puede llevar a que se legalice la situación irregular que hoy tienen los clubes, admitiendo la actividad de alterne como los empresarios plantean, pero dejando sin reconocimiento legal el ejercicio de la prostitución que se da en estos locales, ejercicio que hoy se da bajo las condiciones que imponen los empresarios, sin que las trabajadoras puedan gozar de ningún derecho que recorte las tendencias empresariales a la sobreexplotación laboral. Cerrar los ojos ante esta realidad y aceptar la falacia de que los dueños de estos locales sólo facilitan los contactos entre trabajadoras y clientes es dejar totalmente desprotegidas a estas trabajadoras frente a los abusos empresariales. Sería necesario reconocer que existe una relación laboral entre empresarios y trabajadoras de los clubes de alterne, relación aceptada voluntariamente por éstas, pero establecer límites a las imposiciones de la patronal, reconociendo los derechos laborales de las trabajadoras. Penalizar, como hace el Código Penal, a estos empresarios tratándolos como proxenetas colabora a que la situación de explotación que hoy se da se siga reproduciendo.

COMO se ha podido ver en Suecia, país modélico del modelo abolicionista, pero también en nuestras ciudades al calor de las nuevas normativas, las políticas que pretenden acabar con la prostitución, provocan que esta actividad se desarrolle en la clandestinidad lo que favorece la vulnerabilidad de las prostitutas, así como un mayor desarrollo de mafias y chulos que actúan con más impunidad al no haber una división clara entre lo que debería ser legal (la prostitución voluntaria) y las prácticas delictivas (es decir la prostitución obligada). Estas últimas, amparadas en las prohibiciones que las legislaciones abolicionistas establecen sobre todo el entorno de la prostitución, encuentran un terreno abonado para desarrollarse.

La voz de las prostitutas

EN nuestro país las prostitutas empezaron a organizarse en 1995, primero en Madrid en el Colectivo Hetaira y en años posteriores se fueron formando otros colectivos como el de Licit, Genera, Ambit Dona o LLoc de la Dona en Barcelona, CATS en Murcia, colectivos dentro de las organizaciones LGTB o de defensa de los DDHH…, todos ellos con trabajadoras del sexo que, superando el miedo y la vergüenza de ser consideradas públicamente ‘putas’, han alzado su voz demandando derechos laborales y sociales para su colectivo.

EN estos años han sido cada vez más las trabajadoras del sexo que se han mostrado como tal y han plantado cara a los desafueros y atropellos que se han dado contra ellas por parte de vecinos o instituciones. Y a pesar de las dificultades y las presiones para mantener oculto a qué te dedicas, cada vez son más las trabajadoras del sexo que se atreven a manifestarse de diversas formas: unas abiertamente ejerciendo como representantes del colectivo y otras apoyando en las manifestaciones, actos, ruedas de prensa o entrevistas y acompañando con su presencia, más o menos ocultas por máscaras y pañuelos.

LAS trabajadoras del sexo han tomando la palabra y han empezado a plantear con claridad que desean ser tratadas con dignidad, sin ser estigmatizadas por desarrollar su trabajo; desean no ser discriminadas y tener los mismos derechos que otros trabajadores; aspiran a poder trabajar en la calle pero en zonas tranquilas, seguras, sin ser molestadas y sin molestar ellas a nadie... Su voz no puede ser ignorada por más tiempo. El Gobierno central, las administraciones locales, las comunitarias y la sociedad en su conjunto deben tener en cuenta sus reivindicaciones, porque una sociedad democrática como la nuestra no puede seguir ignorando y excluyendo a un sector significativo de mujeres cuyo único delito es ejercer una actividad que, desde ciertas moralidades, sigue estando mal considerada.

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