El Juzgado de Instrucción nº 4 archiva provisionalmente la denuncia contra el ex jefe de Departamento de la Oficina Técnica de Smassa por falta de pruebas
21/12/07. Urbanismo. Inmaculada Gálvez,
residente y trabajadora en el centro de Málaga, ha asegurado a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com
que el ex jefe de Departamento de la Oficina Técnica
de la Sociedad Municipal de Aparcamientos...
El Juzgado de Instrucción nº 4 archiva provisionalmente la denuncia contra el ex jefe de Departamento de la Oficina Técnica de Smassa por falta de pruebas
21/12/07. Urbanismo. Inmaculada Gálvez,
residente y trabajadora en el centro de Málaga, ha asegurado a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com
que el ex jefe de Departamento de la Oficina Técnica
de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), Fernando Segura, intentó
venderle por 45.000 euros una plaza de aparcamiento que tenía en concesión administrativa
en el parking de La Alcazaba. Un negocio que se frustró, según el testimonio de
esta vecina, cuando el ex alto cargo directivo de Smassa le exigió “un cheque
por importe de 21.000 euros y el resto en dinero en efectivo dado que no se
puede reflejar el importe real de la cesión al no estar permitido un precio
superior al tratarse de una concesión administrativa”. El caso ha pasado por
tribunales y está archivado provisionalmente por falta de pruebas. Segura admite
que negoció con Gálvez la plaza de aparcamiento, pero que finalmente no efectuó
esta venta porque comprobó que la normativa por la que se regulan las
concesiones administrativas impedía que el negocio resultara rentable. Del
mismo modo, Segura niega haber exigido dinero en efectivo a Gálvez.
INMACULADA Gálvez pagaba 140 euros al mes a Fernando Segura por
una plaza subterránea que el ex alto cargo de Smassa tiene en concesión
administrativa -derechos de explotación por 50 años- en el aparcamiento de La
Alcazaba. Cuando Segura le comunicó su intención de no renovar el contrato de
arrendamiento porque quería vender dicha plaza, la propia arrendataria se
postuló como compradora y solicitó en su caja de ahorros una ampliación de la
hipoteca de su vivienda para hacer frente al pago de los 45.000 euros (siete millones
y medio de pesetas) en el que, según ella, se fijó la compraventa.
SIN embargo, “un día antes de acudir al notario para proceder a formalizar la cesión o subrogación en la concesión administrativa me
fue indicado por su titular, don Fernando Segura Rodríguez, que debía acudir al
Notario con un cheque por importe de veinte un mil euros y el resto con dinero
en efectivo dado que no se puede reflejar el importe real de la cesión al no
estar permitido un precio superior al tratarse de una concesión administrativa”,
según se recoge en el escrito que Gálvez remitió al alcalde Francisco de la
Torre informándole sobre este caso.EL negocio se frustró y comenzó un litigio entre Segura y Gálvez que llegó a los tribunales con una acusación por falta de coacciones. El juzgado de Instrucción nº 4 de Málaga ha archivado provisionalmente el caso “a la vista de la carencia de pruebas documentales” que puedan acreditar “la supuesta defraudación que pretendía cometer el denunciado mediante la entrega de dinero en B”.
FERNANDO Segura, en conversación telefónica con esta revista, ha asegurado que es “totalmente falso” que exigiera parte del pago en dinero negro, si bien ha admitido que negoció con Gálvez la venta de la plaza de aparcamiento. Lo que ocurrió, según su versión, es que cuando comprobó que la normativa que regula la venta de plazas de aparcamiento en concesión administrativa se basa “en una fórmula muy extraña y muy rara que conforme van pasando los años va disminuyendo el valor del parking” desistió de realizar la venta porque no le salía rentable.
NO obstante, Gálvez -cuyo trabajo y vivienda se localizan en el centro de Málaga- ha informado tanto al gerente de Smassa Joaquín Jáuregui como al alcalde Francisco de la Torre sobre todo lo relativo a este caso, y en especial a Jáuregui le ha instado a que “intervenga y ponga los mecanismos legalmente previstos para que los titulares de concesiones de aparcamientos públicos no especulen con ellas cediéndolas por un precio no autorizado y encima informen que es el que se viene pidiendo según la propia Gerencia de esta empresa pública”.
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