Hasta 40 PGOUs deberán obtener la Declaración Ambiental Estratégica para adecuarse a la Directiva Europea. “La anulación del PGOU de Marbella por el Tribunal Supremo en octubre de 2015 fue el primer aviso a este urbanismo tramposo”, explica EeA

Tras varias sentencias ganadas por los ecologistas, la Junta de Andalucía aprueba un Decreto-ley que obligará a reiniciar la tramitación ambiental de numerosos planes urbanísticos

“La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE, y más recientemente la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del PP, han seguido con la política de sostenella y no enmendalla”

16/12/20. 
Medio ambiente. Urbanismo. La Junta de Andalucía se ha visto obligada a modificar su política urbanística tras las reiteradas sentencias ganadas por Ecologistas en Acción relativas a los procedimientos ambientales aplicados a los planes urbanísticos. Hasta 40 Planes Generales de Ordenación Urbana podrían verse afectados y obligados a reiniciarse desde el principio y a obtener una nueva Declaración Ambiental...

...Estratégica, tal y como explica la organización ecologista. Informa EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

Este cambio se produce tras las reiteradas sentencias que establecen que el procedimiento ambiental aplicado por la Junta de Andalucía a los planes urbanísticos no se ajusta a la Directiva Europea 2001/42/CE que regula la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de planes y programas, ni a la ley estatal que la traspone.

Desde Ecologista en Acción consideran que “la Junta estos últimos años ha inventando todo tipo de artificios legales para intentar eludir la aplicación de la EAE de obligado cumplimiento en todas las Comunidades Autónomas”.

Tal y como indican los ambientalistas, el PSOE promovió la aprobación en 2007 de “la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA), en la que excluyó a los planes urbanísticos de someterse a la EAE, vulnerando la normativa europea. Ese instrumento de la EAE obliga a motivar las propuestas, evaluar ambientalmente todas las alternativas posibles, y a tener siempre en cuenta la participación ciudadana, desde el inicio de la tramitación de los planes”. “La anulación del PGOU de Marbella por el Tribunal Supremo en octubre de 2015 fue el primer aviso a este urbanismo tramposo”, explican.

Así, la Junta se vio obligada a realizar un cambio legislativo “incluyendo en la Ley 3/2015 la obligación de someter los nuevos planes urbanísticos a la EAE. Pero de nuevo quiso hacer trampa, incluyendo una disposición que pretendía salvar los 450 planes que estaban en tramitación, dando por válido el anterior procedimiento ambiental defectuoso establecido en la LGICA, a pesar de que era manifiestamente contrario a la normativa europea y estatal, ya que no incluía la obligada EAE”.

De esta manera, “la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE, y más recientemente la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del PP, han seguido con la política de sostenella y no enmendalla. Las consecuencias son evidentes, continuos varapalos judiciales que ponen en cuestión toda la política urbanística de la Junta de Andalucía en estos últimos 13 años, y evidencia su desastrosa gestión de la prevención ambiental”.

Finalmente, la Junta de Andalucía se ha visto obligada a sacar el nuevo Decreto-ley 31/2020 que “anula la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2015 que permitió a los planes urbanísticos seguir incumpliendo la Ley estatal 21/2013 de Evaluación Ambiental y la Directiva 2001/42/CE en materia de EAE”. También establece que todos esos planes que actualmente sigan en tramitación, “deberán reiniciarse desde el principio, y los que hayan obtenido la Declaración Ambiental Estratégica (DAE), se les denegará la aprobación definitiva, anulándose todas las DAEs aprobadas fraudulentamente”.

Desde Ecologistas en Accíon consideran que “la medida, aunque tardía e insuficiente, es muy satisfactoria. No obstante, hay otros recursos pendientes de sentencia; otros planes aprobados definitivamente susceptibles de ser recurridos; y otros aspectos de la LGICA andaluza, no contemplados en el nuevo Decreto-ley, que pueden ser lesivos para el medio ambiente -como la exclusión de ciertos planes de someterse a la EAE, el contenido insuficiente del estudio ambiental, etc-, por lo que el número de planes anulados podría incrementarse en el futuro”.

Desde la organización ecologista creen que esta medida “debe suponer un compromiso de una Evaluación Ambiental Estratégica rigurosa de los planes urbanísticos, primando la rehabilitación y mejora de las ciudades existentes sobre la expansión urbanística injustificada; la promoción de una movilidad sostenible; la reducción del consumo de recursos naturales; la protección del paisaje, la economía circular; medidas contra el cambio climático; y el cierre de cualquier opción a la especulación urbanística, garantizando el derecho constitucional a una vivienda digna. Para conseguir estos objetivos, la Junta tiene que hacer una modificación sustancial del proyecto de Ley de Impulso a la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (LISTA), que, de nuevo, prioriza el urbanismo especulativo sobre la sostenibilidad territorial y ambiental”.

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