Dos casos que demuestran la corresponsabilidad de las entidades financieras que avalan promociones inmobiliarias inacabadas con compradores afectados

02/12/10. Urbanismo. Se cuentan por cientos, sólo en la provincia de Málaga, los casos de compradores que habiendo desembolsado grandes sumas de dinero para una casa, han visto como la crisis y la quiebra de las empresas promotoras les dejaba sin...

Dos casos que demuestran la corresponsabilidad de las entidades financieras que avalan promociones inmobiliarias inacabadas con compradores afectados

02/12/10. Urbanismo. Se cuentan por cientos, sólo en la provincia de Málaga, los casos de compradores que habiendo desembolsado grandes sumas de dinero para una casa, han visto como la crisis y la quiebra de las empresas promotoras les dejaba sin hogar y sin efectivo. Sin embargo, reclamaciones judiciales como las que ha gestionado la Asociación de Usuarios del Mercado Inmobiliario (Ausmin), de las que les informa hoy EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, demuestran que no siempre la banca gana, especialmente si ha actuado como avalista de promociones inmobiliarias inacabadas.

LA entrega de un aval bancario por parte de una promotora a un comprador es una exigencia legal para construir y vender casas. El aval sirve para garantizar la devolución de las cantidades de dinero que el comprador entrega antes y durante la construcción de la vivienda. El objetivo de esta norma es evitar que si las obras no se inician en el periodo previsto o las casas no se terminan en la fecha anunciada, el comprador pueda disponer del dinero que ya haya desembolsado, que le será devuelto por la entidad financiera. Es una norma vigente en España desde 1968.

EL primer caso lleva el ‘sello’ de la promotora Aifos. Una clienta compra sobre plano una vivienda en 2004 en el conjunto residencial Las Caballerizas de Mijas. Llega a abonar 49.951 euros a Aifos. Sin embargo, cinco años después de la firma, la promoción no obtiene licencia de obras del Ayuntamiento mijeño y se queda sin construir, pese a que en el contrato se estipulaba que estaría terminada en 20 meses.

LA afectada reclama a Aifos el aval bancario para recuperar su dinero. Aifos hace caso omiso hasta que, a raíz de la queja presentada ante el departamento de Consumo de la Junta de Andalucía, presenta una fotocopia de este documento mercantil expedido por el Banco Popular, por lo que Consumo cierra el expediente. Pero a los ocho días de presentar el aval, Aifos lo cancela. Todo esto se detalla en la sentencia del pasado 26 de octubre de 2010 emitida por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 (procedimiento 1440/09), en el que se deduce una colaboración entre el Banco Popular -antes Banco Andalucía- y Aifos en la confección de este aval fraudulento. La sentencia condena solidariamente al banco y a la promotora al pago del dinero abonado por la clienta más los intereses, al pago de las costas del proceso y da por resuelto definitivamente el contrato.

EL segundo caso tiene como protagonistas a Unicaja y las empresas Ferrovial y Habitat. Como informó esta revista en enero de 2009, la vecina de Málaga Trinidad Redondo compró en octubre de 2006 una casa en la calle Canillas de Aceituno de Málaga, un proyecto promovido primero por Ferrovial y luego por Habitat que contó con el aval de Unicaja y que debía estar entregada en julio de 2008. Cuando esta clienta reclamó su dinero porque la promoción apenas avanzaba (a día de hoy sigue sin construirse) la caja de ahorros andaluza se negó a entregarle los 38.800 euros en los que se fijó la garantía.

EN un comunicado remitido a su clienta, Unicaja argumentó que las cantidades avaladas sólo son aquellas que, entregadas por el comprador, son ingresadas por la promotora en la cuenta especial abierta para este proyecto de construcción y en este caso Ferrovial-Habitat no había realizado el ingreso, por lo que en definitiva, no había aval.

HA sido sólo cuando el caso ha pasado al juzgado de Instrucción nº 1 de Málaga en forma de una demanda de ejecución ordinaria cuando éste cuenta con visos de resolverse ya que, una vez agotados los plazos de los que la entidad financiera andaluza disponía para oponerse a este pago, la Asociación de Usuarios del Mercado Inmobiliario (Ausmin) ha solicitado la liquidación de intereses y el embargo.