Entrevista a Juan Calvo Rubio, fiscal de Urbanismo: “La solución no es la multa”

28/11/06 MÁLAGA. Se le tuerce el gesto en una mueca que desprende tanta vergüenza como indignación cuando explica que las miles de denuncias que investiga se le pierden en el registro porque cuenta con un programa informático obsoleto.

Entrevista a Juan Calvo Rubio, fiscal de Urbanismo: “La solución no es la multa”

28/11/06 MÁLAGA. Se le tuerce el gesto en una mueca que desprende tanta vergüenza como indignación cuando explica que las miles de denuncias que investiga se le pierden en el registro porque cuenta con un programa informático obsoleto. Juan Calvo Rubio, fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Málaga, anima a la ciudadanía a denunciar las irregularidades urbanísticas, señala a las entidades financieras como ocultadoras y fomentadoras de delitos contra el medio ambiente y apunta a la demolición como la única solución posible para restituir la legalidad de determinadas construcciones irregulares. Una entrevista de la revista EL OBSERVADOR ante los continuos debates sobre qué hacerse con las numerosas construcciones irregulares del litoral andaluz.

 

¿QUÉ responsabilidad tienen en el caso de las construcciones ilegales los políticos locales y las entidades financieras?

Establecer responsabilidades si no hablamos de ningún caso es difícil. 

PONGAMOS Marbella.

Pues determinados profesionales de determinadas entidades financieras sin estar participando en absoluto de los hechos delictivos cuando observan algo anormal en lugar de ponerlo en conocimiento de la administración o de la justicia no dicen nada. Evidentemente se está colaborando de alguna manera a que este fenómeno sea cada vez mayor. No se puede decir que estén participando del hecho pero indudablemente están fomentando o ampliando u ocultando las consecuencias de esos delitos. Con algunos políticos que tienen en su mano la decisión sobre temas urbanísticos hay procedimientos que especifican que han sido partícipes de los hechos delictivos, y en otras ocasiones, aún sin participar, siguen mirando para otro lado. En estos casos se puede encontrar uno con la sorpresa de ser considerado culpable de prevaricación por omisión, que también existe y también es posible que se dé. Que será cuando los miembros de la administración a cargo de determinadas funciones, precisamente cuando quien tiene que actuar, no actúen. 

VEAMOS algunos casos concretos: el Centro Ruso, en Málaga capital, cuyas irregularidades han venido denunciándose desde 2004. Investigado, expedientado, declarado al margen de la ley, y sin embargo han seguido las obras, sigue estando en pie, la construcción del edificio se ha terminado prácticamente. Este es un ejemplo claro de dejación de funciones, de los que generan esa sensación de indefensión.

Lo difícil de esto es hablar de memoria. Hablamos aquí de la carencia de medios materiales: uno de los defectos de la Fiscalía es que no hay un programa informático que permita buscar las diligencias de forma efectiva. Yo sé que esas diligencias, si no estoy equivocado, fueron incoadas en este mismo año. Y si yo no estoy equivocado se ha denunciado, pero hablo de memoria. Creo que puse yo personalmente la denuncia pero es que no lo sé con absoluta seguridad. Este año hemos incoado casi trescientas diligencias y no tengo posibilidad de certificártelo ahora mismo, tendría que tener un programa informático que me permitiese buscar las diligencias por denunciante, por denunciado y por fecha.

ENTONCES, ¿el archivo de la Fiscalía está sólo en papel?

Registro informáticamente los casos pero conforme a un número que yo le doy. Si me acuerdo del número no hay problema, pero si no me acuerdo del número, que es lo normal la mayoría de las veces, cuando me vienen preguntando por unas diligencias de investigación determinadas, si no me dicen el número que son, tengo que ir pinchando los casos uno por uno. Parece absurdo pero es que es así. No tenemos programa informático en condiciones, el que nos han puesto no sirve. Es así, un desastre, ese es el problema, uno de los problemas. En este caso en concreto –el Centro Ruso– creo que puse una denuncia. Otra cosa que ocurre es que una vez puesta la denuncia se le pierde la pista. Necesito un funcionario que le siga la pista, que sepa dónde han ido y en qué estado están las diligencias. Pero ya he dicho que sólo tenemos un funcionario que compartimos los dos fiscales, que además tiene encomendados otros trabajos. No tengo ni un solo funcionario a mi disposición, tengo uno compartido.

PERO en un caso flagrante como éste ¿se llegará un día a ver un derribo?

Eso es difícil de decir, además surge otro problema. La administración de Justicia piensa que el derribo le corresponde a la administración general, y la administración general piensa que una vez que se ha terminado la edificación lo tiene que hacer la administración de Justicia. Y al final, unos por otros, los fallos son difíciles de cumplir. ¿Por qué no apoya la administración general la demolición? Porque a lo mejor no quiere pagar el coste político que supone. Y al contrario: la administración de justicia piensa que es obligación de la administración general porque es un tema administrativo, no penal. Es un delito nuevo en el Código Penal y está empezando a aplicarse.

OTRO caso: el del Hotel Guadalpín: Lo tiene todo para ser ilegal: exceso de edificabilidad, carece de licencias, está siendo investigado por el juez Torres dentro de la ‘Operación Malaya’ por la corrupción que se generó alrededor de su construcción y ahora mismo sigue funcionando y está dando a sus propietarios cuantiosos beneficios ¿Hay que derribarlo? ¿Tienen que pagar una multa? ¿Cómo se calcula esta sanción económica?

La solución no es la multa. A una persona que está obteniendo unos beneficios muy importantes que le pongan una multa realmente le da lo mismo. Lo que de verdad sería efectivo es la demolición, porque además la multa no restaura el orden que había anteriormente. No se rectifica ni se devuelve al medio ambiente lo que ya era, es decir, ya se ha perdido y como se ha perdido pagamos, parece como si cuando pagásemos se restituyese la anterior situación. No. Estamos hablando de un atentado contra el medio ambiente. Mientras no se restaure la situación en la que estaba al momento anterior de la comisión del delito realmente el castigo económico tiene poca utilidad. Y eso es lo que ocurre normalmente, que se piensa que como ya no hay solución, el castigo no sirve para nada, lo cual es un error bastante importante, pero a veces sucede. Todavía somos reticentes a aplicar los tipos penales en estos casos. 

¿QUÉ hace falta entonces?

Concienciarnos todos de que cuando se pone una casa en medio del monte se afecta al medio ambiente y eso va degradando que al final nos perjudica a todos. 

UN último caso: el garaje ilegal que se ha construido el director de la Cope Adolfo Arjona también en Málaga capital ¿a quién le corresponde el derribo de esta edificación?

De ese procedimiento no tengo noticia, no se si es penal o no. Si no es penal le corresponde a la administración. Y de hecho es la única que lo hace, las pocas demoliciones que se han hecho son de la administración, que es la que tiene competencias en materia urbanística: tanto ayuntamientos como Junta de Andalucía. Lo que pasa es que muchas veces se dicta la orden de demolición y no se actúa. Por eso digo que en alguna ocasión nos podemos encontrar ante una prevaricación por omisión por no ejecutar aquello que se dicta. La prevaricación no es sólo dictar una resolución injusta sino también no dictarla, no aplicarla.

¿CÓMO es posible que se tarde más en resolver un sumario judicial relativo a una construcción ilegal que en que ésa misma construcción se lleve a cabo? ¿Hay alguna forma de evitar estas situaciones?

 

Es difícil porque la administración no funciona correctamente. Como norma general cuando nosotros nos enteramos de que se está realizando una construcción de estas características la administración lo debe haber sabido mucho antes. En condiciones normales debe haber realizado sus expedientes de disciplina urbanística y en esos expedientes suele declararse la paralización, pero es cierto que a veces, aunque se haya decretado la paralización, no se lleva a efecto realmente.

¿ESTO ocurre por falta de publicidad, es decir, no le llega la notificación al denunciado, o por falta de medios?

Hay ocasiones en las que no hay medios, hay ocasiones en que los ayuntamientos se hacen los remolones (por llamarlo de alguna manera) a la hora de realizar la paralización y hay otros casos en los que se produce una flagrante desobediencia por parte del denunciado. 

¿HAY medios para que la Justicia aplique estas medidas correctoras?

La falta de medios en el Ministerio Fiscal es tradicional, de siempre, de toda la vida. No es nada nuevo. Cada vez nos dan más competencias y las plantillas siguen siendo las mismas. 

¿CON qué medios cuenta la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en Málaga?

Somos dos fiscales en la provincia. Pero hay que tener en cuenta que esta no es la única, sino una más de nuestras funciones: celebramos juicios ordinarios como todos los compañeros y hacemos guardias. No sólo faltan fiscales, faltan también los funcionarios para tramitar las diligencias, casi trescientas en lo que va de año. Sólo tenemos un funcionario para los dos fiscales, lo compartimos. 

¿CREE usted que existe una sensación de escepticismo generalizado en la ciudadanía ante la eficacia de ciertas medidas para combatir la corrupción urbanística, al ver que no se producen castigos ejemplares, como si hubiera cierta impunidad para los que delinquen?

La sensación de la que habla existe, yo creo que sí. ¿Qué es lo que ha influido para que esto se produzca? Pues la falta de medios y la tardanza en actuar. El retraso provoca que cuando se actúa se llegue tarde. Estamos por supuesto intentando cambiarlo, hacer algo más y creo que se estará percibiendo por la ciudadanía que algo se mueve en la Fiscalía. Hay determinadas operaciones en la provincia que se han paralizado, caso de Tolox. 

¿POR qué se producen tan pocas demoliciones en Málaga a pesar de que hay 40.000 viviendas ilegales, 23.000 de ellas en Marbella?

En primer lugar el Código Penal no establece las demoliciones como una medida obligatoria, cada tribunal debe decidir si procede o no. Hablamos de procedimientos que tardan años en instruirse, cuando se llega al final en que ya efectivamente se puede tomar esta medida las viviendas están en propiedad de terceros que normalmente serán de buena fe. Evidentemente para demoler esa vivienda estaríamos perjudicando a un tercero. No hay una conciencia real todavía de que los delitos contra la ordenación del territorio afectan verdaderamente al medio ambiente y aunque el medio ambiente esté protegido en la Constitución lo cierto es que penalmente todavía hay ciertas reticencias a determinadas actuaciones que están en el código penal hace relativamente poco. Tienen una difícil aplicación. Luego tenemos que en el transcurso de los años la construcción esté plenamente terminada y en muchas ocasiones plenamente integrada. ¿Hacia dónde debemos tender? A que la administración sea más diligente. En el caso de Marbella sin ir más lejos la administración no se puede decir que haya actuado rápidamente. Han sido muchos los años que se lleva diciendo que esto estaba mal y no se ha hecho nada y no se puede decir que es culpa de la jurisdicción penal, que es la última que debe aplicarse. Es decir, si estamos viendo desde el principio que hay algo que está mal pero que no es penal todavía, ¿para qué está el órgano administrativo? Y luego además, a esto hay que unir también el tradicional retraso, aún mayor, del contencioso administrativo. Hay muchas situaciones en la que se intenta paralizar o denegar licencias y se tarda mucho en aplicar. 

¿QUÉ recursos y posibilidades les quedan a los ciudadanos y a los colectivos vecinales para evitar que se siga produciendo esta situación? ¿A quién se debe acudir en estos casos?